El Programa


Este Programa fue creado por la Dra. Gloria Marina Pasten de Ishihara (Jueza de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo) para la ASOCIACIÓN DE MUJERES JUECES DE ARGENTINA (A.M.J.A.), sin costo alguno para la institución y aprobado por la Comisión Directiva  por unanimidad mediante Acta n° 009/10 del 6 de de agosto de 2010.

La aceptación del Programa por parte de A.M.JA. implicó la integración a sus actividades académicas, informativas y de sensibilización. Para su efectiva concreción, los Tribunales Superiores de Justicia o Escuelas Judiciales de los lugares visitados aportaron los costos correspondientes a hospedaje y A.M.J.A. se hizo cargo de los pasajes. Las jornadas - taller fueron sin costo alguno para todas/s los participantes.

La versión de la Ley 26485 y su D.R. que se entrega en cada actividad se caracteriza por contener en cada dispositivo, la reglamentación dispuesta por el Decreto Reglamentario 1011/2010, tarea que llevó a cabo la Dra.Pasten de Ishihara como complemento imprescindible para las actividades del Taller.    

La dirección del Programa está a cargo de la Dra.Gloria M.Pasten de Ishihara y la Coordinación de los Talleres es cumplida por la Dra. Maria Laura Altamiranda, Jueza del Tribunal Oral Criminal n° 6 de Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires.   Todas las actividades se realizan en forma personal y  "ad-honorem".  


DENOMINACIÓN: “VIOLENCIA DE GÉNERO: LEY DE PROTECCIÓN INTEGRAL A LAS MUJERES Y SU REGLAMENTACIÓN”

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA:
La 26485 de Protección Integral a las Mujeres, con excepción de los dispositivos procesales,  constituye una norma de orden público de aplicación a todo el territorio nacional. Su propósito es  prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales y ha sido reglamentada mediante el D.1011/2010, éste último, vigente desde el 21/7/2010.

Esta norma constituye un hito histórico en la legislación nacional, pues por primera vez, nuestro país en cumplimiento de sus responsabilidades internas e internacionales, ha legislado y otorgado respuesta a múltiples reclamos generados en la exclusión de las mujeres y la persistente desigualdad pese a que se ha reconocido que la violencia contra la mujer es un problema de Derechos Humanos básicos.

En el Preámbulo de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer cuya vigencia data del 3 de septiembre de 1981,  se reconoció explícitamente  que “las mujeres  siguen siendo objeto de importantes discriminaciones”, conducta que viola los principios de igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana; dificulta la participación de la mujeres en iguales condiciones que el hombre, en la vida política, social, económica y cultural de su país; constituye un obstáculo para el aumento del bienestar de la sociedad y de la familia y entorpece el pleno desarrollo de las posibilidades de la mujer para prestar servicio a su país y a la humanidad.

En este contexto se enmarca la Ley 26485 que contribuye a promover y hacer operativa la real participación igualitaria de mujeres y hombres, teniendo en cuenta que las limitaciones y segregaciones que padece la mujer  perjudican gravemente la vida de todas/os y aparece como punto de avance –entre muchos otros-  para lograr la nada fácil tarea de obtener una modificación estructural que nace a partir de  reconocer que las mujeres forman parte de la población activa, que deben ser integradas a la economía, acceder y ejercer el poder a través de la independencia económica y social, obtener un estado de bienestar, el goce de una vida plena y por sobre todo, el derecho humano fundamental a vivir una vida sin violencia.

Desde la doctrina y la jurisprudencia, nacional e internacional se sostiene que el ejercicio de los derechos debe ser efectivo, pleno e igualitario y no ilusorios ni meramente formales, por ello, las políticas públicas destinadas a luchar contra la segregación social, política, económica y  educacional  deben constituir un imperativo y una prioridad de la Nación en su agenda institucional, su  fundamento es el respeto de la dignidad de todas las personas humanas y persigue la esperada transformación social. En el caso particular, se concretó en la Ley 26485.

Por su parte el Decreto 1011/2010 pone de manifiesto los avances en el país desde la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995), mencionando el ingreso de mujeres en la legislatura, en el Poder Judicial y en altos organismos del Estado, tradicionalmente a cargo de hombres y desde el año 2003 a la fecha, la sanción de numerosas leyes, entre otras, la Ley para las Intervenciones de Contracepción Quirúrgica, la aprobación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el Programa  Nacional de Educación Sexual Integral, la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, que contempla el supuesto de Prisión Domiciliaria para Madres con hijos menores de cinco años. Destaca la mayor presencia de mujeres en el mercado laboral, aunque todavía con serias dificultades para acceder a puestos de relevancia y a percibir igual remuneración por igual tarea a la par que se  evidencian en nuestra sociedad cambios graduales vinculados a transformaciones socioculturales que tienden a eliminar algunas diferencias de género.

No obstante, se señala que persisten las inequidades basadas en un sistema jerárquico de relaciones sociales, políticas y económicas que, desde roles estereotipados de género y con la excusa de la diferencia biológica, fija las características de la masculinidad como parámetro de las concepciones humanas y así institucionaliza la desigualdad en perjuicio de las mujeres. 

Precisamente, para combatir el flagelo de la violencia de género, se promulgó la Ley Nº 26.485 con el objeto de promover acciones positivas que tiendan a asegurar a las mujeres el goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales sobre la materia, habiéndose destacado que la norma que se reglamenta implica un cambio de paradigma en tanto aborda la temática de la violencia de género desde una perspectiva infinitamente más amplia de la que hasta ahora existía en la legislación argentina, que rebasa las fronteras de la violencia doméstica para avanzar en la definitiva superación del modelo de dominación masculina, proporcionando una respuesta sistémica a la problemática, con una dimensión transversal que proyecta su influencia sobre todos los ámbitos de la vida.

OBJETIVO GENERALES:
  • Analizar el fenómeno de la discriminación por género en todos los ámbitos y sus múltiples implicancias.
  • Reflexionar acerca del género,  dentro de los grupos más vulnerables a la discriminación, como un factor respecto del cual todavía persisten graves situaciones de violación al derecho a un trato igualitario.
  • Debatir acerca de la importancia de los estereotipos sobre el “rol” de la mujer y analizar los caminos a seguir en pos de modificarlos, particularmente el gran desafío que implica este fenómeno  para la educación, informal y formal y en cualquiera de sus niveles.
  • Examinar las distintas manifestaciones que las conductas discriminatorias suelen adoptar en la realidad y distinguir las nociones de "no discriminación", "igualdad de trato"  e "igualdad de oportunidades" y su recepción en la normativa nacional e internacional.
  • Plantear el derecho a no ser discriminada /o como un derecho fundamental de la persona humana, que se deriva de su intrínseca dignidad y que, por tanto, integra el dominio del jus cogens.
  • Remarcar el rol que han tenido y que actualmente les cabe a las organizaciones internacionales en materia de lucha contra la discriminación por razón de género y los postulados y líneas de acción que se propician, así como también a las asociaciones intermedias y a los actores sociales.
  • Debatir sobre la importancia de la labor judicial en la materia, particularmente del accionar de la magistratura, tanto en lo relativo a la tutela de los derechos fundamentales y la defensa de los derechos a la “igualdad de trato” y la “igualdad efectiva de oportunidades”, como también las medidas correctivas que a través de diferentes pronunciamientos judiciales se han adoptado en lo relativo a discriminación por razón de género.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
  • Analizar la Ley 26485 y su DR.1011/2010, el plexo normativo sobre el cual se estructura y en especial, los conceptos que incorpora acerca del significado de  los patrones socioculturales, la discriminación contra las mujeres,  la adecuada información , la revictimización  y la relación desigual de poder.
  • Examinar los tipos de violencia que la Ley contempla y sus diferentes modalidades así como también la incidencia en la interpretación armónica con las normas internacionales en la materia.
  • Estudiar las garantías específicas  para mujeres privadas de libertad y los servicios de atención que se especifican en el  Decreto Reglamentario.
  • Considerar los derechos y garantías mínimas de procedimientos judiciales y administrativos y el derecho de la mujer a ser oída, obtener una respuesta oportuna y efectiva,  a  la gratuidad de las actuaciones judiciales y a la protección de su intimidad.
  • Explorar las medidas preventivas urgentes que la/el  Jueza/z pueden dictar así como el modo de ejercer adecuadamente el derecho de la niña o adolescente víctima y la aplicación del principio de protección a la niñez; las facultades de la magistrada/o, los diferentes tipos de denuncia que contiene la norma, los plazos procesales y los recursos.
RESULTADOS QUE SE PRETENDEN OBTENER:

Desde la óptica de las/los participantes se aspira a que:
  • Acrecienten sus  aptitudes para comprender en forma más amplia y abarcativa el conflicto de género y de qué manera se canaliza a través del procedimiento que ofrece la Ley 26485 y su Decreto Reglamentario;
  • Aumenten sus aptitudes para la comprensión particular de cada problema y elaboren criterios propios y destrezas para dar respuesta a las situaciones de violencia de género mediante la interpretación  y efectiva aplicación de la norma.
  • Desarrollen competencias en la labor cotidiana ante la presencia de situaciones de violencia de género para otorgarle y encausarla mediante la efectiva aplicación de la ley 26485 abordando los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales.
  • Desplieguen capacidades para resolver problemas concretos y diseñen estrategias para el mejor servicio y consideración pública del Poder Judicial y del Ministerio Público y de la Defensa.
DURACIÓN DEL PROGRAMA:

Si bien estaba previsto originariamente ejecutar el programa en el plazo de doce meses, a razón de dos encuentros por mes visitando dos Provincias, razones económicas y laborales han impedido lograr ese objetivo en el tiempo pautado. Actualmente se ha logrado realizar seis talleres y varias actividades individuales. 

METODOLOGÍA:

1.- Desarrollo del Encuentro:

Se desarrollan en una o dos jornadas. La primera parte se dedica al marco teórico con especial énfasis en el análisis y reflexión de la Ley 26485 y DR.1011/2010, la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos de los Niños y la Ley 26.061 de Protección Integral de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y demás normas complementarias. 

Esta primera etapa se encuentra a cargo de la Dra.Gloria M.Pasten de Ishihara, en su carácter de Directora del Programa.

La segunda parte consiste en el análisis y aplicación práctica  de las más recientes tendencias de la jurisprudencia y de la doctrina nacional e internacional. La coordinación y desarrollo de esta etapa, bajo la modalidad de taller, se encuentra a cargo de la Dra.María Laura Altamiranda.

Por último, el Programa se completa con disertaciones realizadas en el marco de otras actividades vinculadas a la problemática y a las que concurren especialmente invitadas, la Directora del Programa, la Sra. Coordinadora de los Talleres y la Dra. Gabriela A.Vázquez.   

EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA:  

1. Modalidad:
Monitoreo general de la actividad por parte de las/los integrantes de la  Comisión Directiva.
Observación personal e individual por parte de la Directora y de la Coordinadora del Taller  mediante la entrega de encuestas, su recopilación y un informe de la actividad.  
2. Instrumentos a emplear:
Encuestas estructuradas para evaluar respecto de cada participante su percepción y recepción del Encuentro e informe individual  de la Coordinadora del Taller.
3. Informe final: Evaluación de las  encuestas e informes de cada taller  para publicar su resultado y remitir copias, a modo de colaboración al Consejo  Nacional de la Mujer, a  la Oficina de Violencia Doméstica  y a la Oficina de la Mujer, éstas últimas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Al culminar el Programa: Evaluación mediante Encuestas a llevarse a cabo en cada lugar donde se ejecutó para verificar los cambios obtenidos y recopilación de jurisprudencia innovativa con aplicación de la norma y su decreto reglamentario.

CERTIFICACIÓN:

Con el informe de asistencia suministrado por la Coordinadora regional del Encuentro, AMJA expide  los certificados.     

REGIONES

  • NOROESTE: Jujuy, Salta, La Rioja, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero
  • NORESTE: Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes y Entre Ríos
  • CUYO: San Juan, San Luis y Mendoza
  • PAMPEANA: Córdoba, Santa Fé, Buenos Aires, CABA y  La Pampa
  • PATAGÓNICA: Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego