Conclusiones de los Talleres


A continuación, se exponen un resumen de las  conclusiones de los talleres y otras actividades  del Programa en general. Han sido publicadas y distribuidas a fines del año 2012 en soporte papel  por AMJA.
 

LOS TALLERES Y SUS CONCLUSIONES


TALLER N° 1 – FORMOSA CAPITAL


Como respuesta a la solicitud de la Sra. Presidenta de AMJA, Dra. Susana Medina de Rizzo, el Excmo. Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Formosa, integrado por el Sr. Presidente Dr. Ariel Gustavo Coll y los Sres. Ministros Dres. Héctor Tievas y Eduardo Manuel Hang, mediante Acta n° 2670 del 18 de mayo de dos mil once acordó: “…Conceder el auspicio del Superior Tribunal de Justicia al Programa sobre la Ley de Protección Integral a la Mujer n° 26485 denominada “Violencia de Género, Ley de Protección Integral a las Mujeres y su reglamentación”, que comenzará el día 30 de junio del año en curso en la Ciudad de Formosa, proporcionando la sede de la Escuela Judicial para su realización y facultando a Presidencia a disponer las medidas que permitan concretar las actividades previstas…”.

En el marco de este auspicio, el 30 de junio de 2011,  se dio inicio al primer taller en la Ciudad de Formosa, Capital de la Provincia del mismo nombre y se desarrolló en la Escuela de Capacitación del Poder Judicial.

En esta oportunidad se rindió un sentido homenaje a la memoria de la Ex - Ministra del Superior Tribunal de Formosa y socia de AMJA, Dra. Arminda Colman mediante la exhibición de un video de su trayectoria de vida y profesional y el descubrimiento de una placa recordatoria.

El acto de  apertura estuvo  a cargo del señor Ministro del Superior Tribunal de Justicia de Formosa, Dr. Eduardo Manuel Hang y de la Presidenta de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina  Dra. Susana Medina de Rizzo.
             
Luego de la proyección del video institucional de AMJA, disertó la Dra. Gloria Marina Pasten de Ishihara y la coordinación estuvo a cargo de la Dra. Carmen Cristanchi, socia y representante de AMJA.

El taller fue desarrollado por la  Dra. María Laura Altamiranda quien colectó las conclusiones a las que arribaron lxs asistentes y posteriormente fueron puestas en común por la Dra. Viviana Kalafatich, socia y representante de AMJA en esa Provincia.

CONCLUSIONES:


Ø  En los grupos que se formaron,  se llevó a cabo la tarea de visualizar y comentar los conceptos de la ley en los casos jurisprudenciales sometidos al análisis. Lxs participantes se explayaron con relación al daño físico, emocional y económico de quienes son víctimas de violencia de género. Destacaron que no es materia exclusiva del ámbito familiar, sino que se encuentra presente en todos los ámbitos donde las mujeres se desempeñan y desarrollan.
Ø  A partir de los casos analizados y experiencias personales, señalaron la existencia de patrones de discriminación en el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia de género. Patrones culturales donde se visualiza el impacto diferenciado entre mujeres y varones.
Ø  Coincidieron en la importancia de la capacitación permanente y de la docencia desde las dependencias donde cada una de lxs  asistentes se desempeñan, para quienes asisten en virtud de una relación judicial como así también para los integrantes de la misma dependencia. Ello,  para que la ley no sea solo una consagración de derechos sino que se impida que los mismos sean violados.
Ø  Por último, señalaron la importancia de la difusión de la ley que nos ha convocado al taller de reflexión a fin de sensibilizar a la comunidad acerca de una realidad de difícil visualización social.
                                                                                                                                  

TALLER n° 2 – RESISTENCIA, CHACO    


Mediante Acta n° 3188 del 24 de mayo de 2011, el Sr. Presidente del Superior Tribunal del Chaco, Dr. Ramón Rubén Avalos y los Sres. Ministros Alberto Mario Modi, María Luisa Lucas, Ricardo Fernando Franco, Rolando Ignacio Toledo, asistidos por el Sr. Secretario Autorizante Provisorio, Dr. Omar Eduardo Amad, acordaron: “Auspiciar el Programa sobre la Ley de Protección  Integral a la Mujer n° 26485 denominado “Violencia de Género, Ley de Protección Integral a las Mujeres y su reglamentación…”, taller que se dictó el 1° de julio de 2011 en la Ciudad de Resistencia, Capital de la Provincia de Chaco, en el Salón Auditorio del Centro de Estudios Judiciales del Poder Judicial de esa Provincia. También contó con el auspicio  de la Lotería Chaqueña.
          
El acto de  apertura estuvo a cargo de la Sra. Ministra del Superior Tribunal de Justicia del Chaco, Dra. María Luisa Lucas, socia y representante de AMJA en esa Provincia  y de la Presidenta de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina,  Dra. Susana Medina de Rizzo.

Luego de la proyección del video institucional de AMJA, la Dra. Rosana Glibota llevó a cabo la presentación del libro “Trata de Personas: Mercaderes de Vidas” cuyas características y contenido fueron transmitidos por la Dra.  Zunilda Nieremperger y Dr. Francisco Rondán, autores de la obra.  

A continuación disertó la Dra. Gloria Marina Pasten de Ishihara y el taller fue desarrollado por la Sra. Coordinadora, Dra. María Laura Altamiranda que registró las conclusiones a las que arribaron lxs asistentes.

CONCLUSIONES:


Ø  Se analizaron los casos jurisprudenciales que operaron  como disparadores de la reflexión del taller. Lxs asistentes propiciaron trabajar arduamente a fin de que todas/os los operadores/ras judiciales conozcan e interpreten la normativa a fin de lograr su total aplicación.
Ø  Compartieron experiencias en las que se visualizó el sometimiento y la violencia ejercida sobre las personas vulnerables. Violencia que claramente identificaron y señalaron dentro de los tipos y modalidades previstos en la normativa en análisis.
Ø  Esta provincia adhirió a la parte procedimental de la ley 26.485, en consecuencia se plantearon discrepancias entre lxs asistentes, generándose un rico debate.  Por un lado, un numeroso grupo propició que la ley debería modificarse y permitir la mediación y la conciliación en casos de violencia de género. Otro grupo se opuso rotundamente a la modificación de la ley en este aspecto. Se debatió en torno al artículo 28 de la ley.
Ø  Así, parte de los asistentes  propició la mediación para casos en los que el conflicto se circunscribe al ámbito de cuestiones de alimentos, visitas y tenencia de hijos.
Ø  Otro sector incluyó a las cuestiones inherentes al fuero penal. Fundaron su postura en que la mediación es una importante herramienta de pacificación del conflicto y que un mediador/a calificado/a en cuestiones de género, garantizará la igualdad de posición entre quienes llegan a la audiencia de mediación, como así también a un ámbito de libertad para la toma de la decisión de mediar por parte de la mujer víctima de violencia de género. No incluyeron a las lesiones de carácter grave ni los delitos de abuso sexual con acceso carnal. Señalaron que para ello es necesario contar con grupos de trabajo que desarrollen su tarea de manera coordinada con redes sociales, casas y refugios, equipos de asistentes sociales y psicólogos que acompañen a la víctima y trabajen en la restauración integral de la persona dañada por violencia de género.
Ø  Un grupo de asistentes que integra la Justicia de Faltas plantearon la importancia de la conciliación en los hechos de violencia familiar que no revisten la entidad de delitos y que por lo tanto no tienen repercusión ni tratamiento en las Fiscalías. Relataron que la experiencia en sus dependencias las conduce a sostener que en la mayoría de los casos la intervención de la Justicia de Paz en estos episodios es muy importante porque se han solucionado los conflictos. Se les ha dado respuesta a partir de la intervención conjunta de Defensorías, Asesorías, equipos interdisciplinarios y de realizar un seguimiento de la cuestión que les fue puesta en conocimiento. Señalaron que esta experiencia les permite afirmar que debe analizarse cada caso en particular y el estado de cada víctima en idéntico sentido y que, dependiendo del caso, la conciliación es posible.                                                             

ANEXO TALLER N° 2:


       
A continuación se agrega el texto del documento remitido por el Dr. Gabriel E.  Duarte que fue remitido vía mail  a la Dra. Laura Altamiranda en su carácter de coordinadora de los Talleres. El colega participó activamente en el taller plasmando su opinión en el documento que remitió. Asimismo, manifestó no haberlo publicado y autorizó a AMJA para que se lo incluya como parte de las expresiones vertidas por lxs  concurrentes al taller. De allí que es inserto en el presente informe como anexo a las conclusiones del Taller realizado en la Provincia del Chaco.
                                                                                                                                      

VIOLENCIA DE GÉNERO – ACCESO A JUSTICIA – MEDIACION

Dr. Gabriel E. Duarte


En nuestra provincia se ha dictado la Ley Nº 6448, que crea en todas las jurisdicciones de la Provincia del Chaco, con carácter obligatorio, la Mediación Familiar previa a todo juicio que comprenda algunas de las materias enunciadas en el art. 2º de la ley, cuya enumeración es de carácter enunciativa. La vigencia de esta legislación se encuentra suspendida hasta el 30/07/11.

Asimismo por ley  6689 la provincia se adhirió a la ley 26.485 -de Protección Integral a las Mujeres-, cuyo art. 28 último párrafo establece que: “Quedan prohibidas las audiencias de mediación o conciliación”.

En oportunidad de ser solicitada la opinión y sugerencia respecto al proyecto de ley que modifica el art. 11  de la ley 4989 y sus modificatorias -Código de Faltas de la Provincia- la mayoría de los Ministros de este Superior Tribunal de Justicia, con fundamentos en las bondades de la mediación, su práctica con éxito en la mayor parte de los países del mundo y la opinión de los jueces de paz y faltas de no aceptar la prohibición de las audiencias de mediación y conciliación, aún en cuestiones de violencia familiar, concluyó que se debería dejar sin efecto la adhesión a la ley 6689 provincial, al último párrafo del art. 28 de la ley 26485, en cuanto establece: “Quedan prohibidas las audiencias de mediación o conciliación”.

Se alzan voces que entienden que si hay violencia no puede existir mediación. Parten del entendimiento de la falta de igualdad entre la mujer y el hombre, a la carencia de autonomía, paridad y objetividad entre los oponentes.

En este punto pongo de relieve que teniendo en cuenta las conductas que tipifica la ley como violencia, no siempre se da en las mismas una situación de desigualdad de partes, por lo que el uso de la mediación permitiría dar una mejor protección a los derechos e intereses legítimos de las víctima, de forma que prohibir la mediación  no hace sino que perjudicarlas y desprotegerlas, privándoles de la tutela judicial efectiva que les reconoce la Constitución (conf. Conclusión Quinta a) del Seminario organizador el CGP en setiembre de 2007, España). Las distintas convenciones internacionales: La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de los Derecho Humanos,   Belén do Pará, ”Cedaw”, antecedentes de nuestra Ley 26485, reconocen expresamente el derecho a la libertad. Este derecho conlleva necesariamente que a la víctima no se la puede prohibir la utilización de la mediación, que es la vía más civilizada, avanzada, dialogada y asumible de resolver los conflictos.

No olvidemos que existen numerosos casos de crisis de pareja en que se producen actos de maltrato ocasional, no pocas veces recíproco, donde la intervención del mediador, quien está preparado para ello, puede colaborar a resolver el conflicto de manera consensuada y llegar a un convenio equilibrado, a través de la identificación de los intereses en común.

Asimismo, mediante las técnicas que se aplican en la mediación se puede equilibrar la posición de la mujer respecto de su agresor a través del proceso de fortalecimiento o de adquisición de poder (empowerment); sin olvidar que a través de la mediación se puede reivindicar y recuperar socialmente a la víctima, permitiéndosele libremente a expresar su versión de los hechos, técnica que también favorece a que el agresor reconozca su responsabilidad.

Las 100 Reglas de Brasilia que tienen por finalidad primordial garantizar las condiciones de acceso efectivo a justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad, contemplan en sus arts. 43 y 44, las formas alternativas de resolución de conflictos, tanto antes del inicio del proceso como durante la tramitación de mismo, enumerando en forma expresa, entre otras, la mediación y la conciliación, por lo que la prohibición a través de la legislación implica desconocer la normativa supranacional.

Además, en la Provincia del Chaco se encuentra vigente la ley 4.989, de Mediación Penal que dispone que se aplicará en aquellos hechos delictivos que prevean una escala penal máxima de seis años de prisión, delitos culposos en general, como así de inhabilitación y multa; regulando también hechos previstos como contravenciones. Contempla además, el tratamiento por mediación penal de delitos con pena mayor de seis años, pero siempre después que fueran atribuídas responsabilidades por decisión de un tribunal o una vez dictada la sentencia condenatoria. Los fines que motivaron el instituto de mediación penal, entre otros: la solución más rápida de los conflictos, prevalencia de lo sustancial sobre lo formal, poner primacía al conflicto humano sobre el orden jurídico, que la víctima forme parte activa del proceso y no sólo el Estado sea el que se apodere del conflicto, resultan aplicables también a la mediación en violencia de género.

Conforme datos estadísticos del Centro Público de Mediación, de la Primera Circunscripción, los porcentajes de causas donde se han logrado acuerdos, oscilan entre el 76% y 91%, desde el año 2004 hasta el 2010, alcanzando este último año el 87%. Vemos de esta manera las bondades y la eficacia de la mediación, y parte de los conflictos acordados son de naturaleza de violencia.

Pongo de resalto que la mediación familiar surgió como una alternativa de contención para tantos casos de violencia familiar que no encontraban solución a este grave problema social y que promueve y se apoya en el protagonismo de todas las partes, la imparcialidad del mediador, la confidencialidad del proceso, la cooperación y colaboración de todos los participantes, la búsqueda de generación y confianza mutua de los intereses de cada uno, la libertad de decisión y la solidaridad, valores que se deben insertar nuevamente en la cultura social y que deben ser tenidos en cuenta para regular la mediación en violencia de género.

TALLER N° 3 – CIUDAD DE TODOS LOS SANTOS DE LA NUEVA RIOJA, LA RIOJA


El 14 de octubre de 2011 se llevó a cabo este taller en la Ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja, Provincia de La Rioja,  organizado conjuntamente con el Superior Tribunal de La Rioja, desarrollándose en el ámbito de la Escuela de Capacitación “ Dr. Joaquín V. González”.

 
El acto de  apertura estuvo a cargo del señor Ministro del Superior Tribunal de Justicia de La Rioja Dr. Mario Pagotto y de la Vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina  Dra. Gloria M. Pasten de Ishihara.

La Dra. Ivana Cattaneo, socia y representante de AMJA en esa provincia, ofició como Coordinadora General de la actividad y  presentó el video institucional. Luego disertó la Dra. Gloria Marina Pasten de Ishihara y el taller fue dirigido por la Dra. María Laura Altamiranda quien recogió las conclusiones a las que arribaron lxs asistentes.

CONCLUSIONES:

Ø  Los casos jurisprudenciales constituyeron los disparadores de las reflexiones del taller. Luego de realizar su lectura, lxs numerosos asistentes trabajaron sobre la temática de violencia de género haciendo hincapié en cuestiones atinentes a  medidas cautelares, demostrando un gran conocimiento de la ley 26.485 como así también de la ley provincial n°  6580 sobre violencia familiar y su decreto reglamentario que también rige la materia.
Ø  Esta provincia fue la primera que adhirió a la parte procedimental de la ley 26.485. En consecuencia se debatió acerca de la necesidad de aplicar en forma armoniosa la totalidad de la normativa vigente. Así, se analizaron las convenciones internacionales con rango constitucional, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, la de Belem Do Pará, la ley 24.417, la ley que convocó al encuentro y la ley provincial.
Ø  Efusivamente se compartieron experiencias en un auditorio sumamente participativo, destacando casos de resonancia reciente en la provincia donde se visualizaba el sometimiento y la violencia ejercida sobre las personas vulnerables.
Ø  Destacaron la importancia de la capacitación de las primeras líneas de atención al público –a nivel policial, sanitario, judicial- a fin de detectar las situaciones de violencia y realizar una pronta y eficaz derivación.
Ø  Señalaron la importancia del  acceso a justicia y resaltaron que con urgencia deben diseñarse formularios de denuncia que abarquen toda la información necesaria no solo para la investigación penal, sino para  brindar ayuda social y psicológica a la persona víctima de violencia, como así también un seguimiento por parte de equipos interdisciplinarios.
Ø   Agregaron la necesidad de compilar tal información en el Registro de Denuncia Provincial para luego transferir la información al Registro Nacional.
Ø  Resaltaron la importancia de  evitar la revictimización de quien denuncia, advirtiendo que la falta de colaboración entre los organismos que intervienen en la temática determina infinidad de citaciones de la víctima de violencia dando lugar a violencia institucional.
Ø  Coincidieron en que debe perfeccionarse el sistema que denominaron “auxilio a la víctima”, buscando alternativas ante las carencias presupuestarias. Ejemplificaron con la siguiente situación: Ante la imposibilidad de consigna policial permanente en el domicilio de quien denuncia, habilitar un número telefónico de la Seccional Policial a la que pertenezca la custodia para que ante la emergencia, quien denuncie  pueda contactarse de inmediato con los funcionarios públicos.
Ø  Por unanimidad bregaron los asistentes por la necesidad de establecer políticas públicas coordinadas, a nivel provincial como nacional.
Ø  Los asistentes se refirieron indistintamente a medidas cautelares, medidas autosatisfactivas y procesos urgentes destacando las diferencias con precisión doctrinaria. Compararon  las contempladas en la ley 26.485 con las medidas enumeradas en la ley de violencia familiar 24.417 y las previstas en el artículo 231 del Código Civil, concluyendo que el operador jurídico cuenta con un abanico de posibilidades y resaltando  fundamentalmente, que se necesitan operadores jurídicos que con lógica, criterio y creatividad encaren la aplicación de las leyes a fin de combatir este terrible flagelo social.

Taller n° 4 – SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, PROVINCIA DE TUCUMÁN


El Taller  tuvo lugar el 1° de marzo de 2012, fue  convocado por AMJA y por el Superior Tribunal de Justicia de Tucumán con el objetivo de propender a la capacitación y perfeccionamiento permanente de los magistradas/dos y funcionarias/os. Se desarrolló en el Centro de Especialización y Capacitación Judicial del Poder Judicial de ésa Provincia.

El acto de  apertura estuvo  a cargo del señor Presidente del Superior  Tribunal de Justicia de Tucumán, Dr. Antonio Estofán, de la Sra. Ministra Dra. Claudia Sbdar y de la Vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina  Dra. Gloria M.Pasten de Ishihara.

Luego de la proyección del video institucional de AMJA, disertó la Dra. Pasten de Ishihara. El taller fue desarrollado por la Dra. María Laura Altamiranda quien recopiló las conclusiones a las que arribaron lxs asistentes.
               Las palabras finales y entrega de certificados se llevaron a cabo por intermedio de la Sra. Directora del Centro de Capacitación Dra. Viviana Calzetta de Vidal.

CONCLUSIONES:


Ø  Como en las anteriores provincias, los casos jurisprudenciales fueron los disparadores de las reflexiones del taller.  Lxs concurrentes participaron activamente y al momento de reflexionar realizaron un paralelismo con la forma en que se trata la temática en las dependencias judiciales en las que se desempeñan como así con las otras dependencias con las que se relacionan.
Ø  Coincidieron en que los avances normativos orientados a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres de manera incipiente, se encuentra acompañada en aspectos de suma importancia como son la asistencia médica, psicológica y la posibilidad de que la víctima de violencia cuente  con asistencia letrada gratuita y capacitada desde el inicio de las actuaciones.
Ø  Advirtieron la necesidad de contar con mayores recursos presupuestarios para afrontar la construcción de casas de refugio para las mujeres víctimas de violencia.
Ø  Resaltaron la importancia de actuar por parte de lxs operadores (médicos, docentes, asistentes sociales, funcionarios policiales y judiciales) frente a la denuncia de violencia. Subrayaron la necesidad de actuar de inmediato y que ignorar implica generar más violencia y en las víctimas,  la sensación no sólo de desaliento sino la clara visión de que haberse animado a salir del silencio, fue totalmente vano e inútil.
Ø  La provincia adhirió a la parte procedimental de la ley 26.485, en consecuencia se analizaron las convenciones internacionales con rango constitucional, la Convención de Belem Do Pará, la ley 24.417, la ley que convocó al encuentro y la ley provincial y se discurrió largamente sobre la necesidad de la aplicación armoniosa de la totalidad de la normativa vigente. Manifestaron que si bien en la mayoría de los casos los operadores judiciales las aplican, no son mencionadas en los textos de las resoluciones.
Ø  En el ámbito del Superior Tribunal Provincial funciona la Oficina de Violencia Doméstica. Las funcionarias aportaron datos sobre el trabajo y esfuerzo que a diario realizan tendiente a brindar un tratamiento específico a las situaciones típicas de violencia de género. Resaltaron que  para el éxito de los objetivos de la ley en análisis es necesario que lxs distintos operadores involucrados incluyan el enfoque de género en sus actividades diarias, tarea para nada sencilla.
Ø  Consideraron de suma importancia receptar la actualidad, tener una mirada receptiva de las necesidades y demandas específicas de las situaciones que conlleva el hecho de que una mujer se anime,  rompa el silencio y se acerque en busca de ayuda a las instituciones. La importancia de no defraudarla, escucharla y comenzar a brindar soluciones integrales al conflicto que trae y con el cual convive quizás desde hace mucho tiempo.
Ø  Mencionan que se advierte mayores casos de denuncia de los grupos vulnerables formados por mujeres y ancianos.
Ø  En este contexto se analizaron las medidas cautelares como herramientas sumamente útiles y señalaron que la normativa aporta un amplio espectro. Coincidieron que frente a la denuncia efectuada es importante  no sólo conocer las normas de aplicación sino que a partir de ellas ser creativos a fin de otorgar o peticionar al órgano decisor –según sea el rol de la operadora/r- la medida cautelar mas apropiada y protectora para el caso. Sólo de esta manera se logrará mayor efectividad.                                                              

TALLER N° 5   CAMPANA – PROVINCIA DE BUENOS AIRES

En cumplimiento del compromiso asumido por AMJA y FUNDEJUS  (Fundación  de Estudios para la Justicia) para desarrollar actividades académicas conjuntas,  el 1° de junio de 2012 se llevó a cabo  este Taller en el Salón Auditorio de OSDE de la Ciudad de Campana, Provincia de Buenos Aires, organizada por ambas instituciones.
A instancia de la Dra. María Pía Leiro en representación de FUNDEJUS y como Coordinadora de la Oficina de la Mujer, la Sra. Intendente Municipal del partido de Campana,  mediante el Decreto n° 0951 del 29 de mayo de 2012 declaró de interés del Departamento Ejecutivo Municipal la jornada de capacitación no arancelada, denominada “Violencia de Género, Ley de Protección Integral de las Mujeres y su reglamentación”.

La apertura de la jornada estuvo a cargo del Sr. Presidente de FUNDEJUS, Dr. Joaquín P. Da Rocha y de la Sra. Vicepresidente de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, Dra. Gloria Marina Pasten de Ishihara, Jueza de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. La actividad fue  coordinada por la Dra. María Pía E. Leiro,  socia de AMJA.
       
Estuvieron presentes en representación de la Sra. Intendenta, el Dr. Juan Ghione Secretario de Gabinete y la Dra. Adriana Barbero Secretaria de Gobierno y Gestión Pública. Por su parte la Sra. Intendenta municipal Doña Stella Maris Giroldi,  hizo llegar su  apoyo a toda actividad por la “no violencia de género” y la búsqueda del consenso en el que la prioridad de las acciones preventivas-asistenciales contra dicha violencia debe estar dirigida hacia la protección, la dignificación y el logro de autonomía de las mujeres para que puedan vivir en “paz, justicia e igualdad”, siendo éste el fundamento para declarar a la jornada de interés Municipal tal como se ha referido.

Este taller se caracterizó por una asistencia numerosa que superó el número recibido en el resto de los talleres (ciento treinta personas)  y como dato significativo, es el que contó con mayor participación de varones. Concurrieron Jueces/zas, Fiscales y Defensores/as, funcionarios/as de los distintos organismos jurisdiccionales, del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa Pública que se desempeñan e integran este Departamento Judicial de Zarate-Campana, el Departamento Judicial San Isidro y el de San Martin dentro de las cuales se hallaban además socias y socios de Fundejus; del Poder Ejecutivo Municipal, abogados/as, psicólogas/os , trabajadoras sociales integrantes del Centro de Asistencia a la Víctima del Ministerio Público Fiscal y trabajadoras sociales del servicio zonal de Zárate- Campana.

En primer lugar, expuso el Lic. Oscar Vázquez, sobre “Ciudadanía y Género” y a continuación lo hizo la Dra. Gloria Marina Pasten de Ishihara sobre “ Ley    26485 de Protección integral a las Mujeres y su decreto reglamentario”.

Con posterioridad se inició el taller con la participación efectiva de ochenta personas quienes luego de analizar el material de trabajo y debatir sobre los casos propuestos, expusieron sus conclusiones, las que fueron receptadas por la Dra. María Laura  Altamiranda en su carácter de Coordinadora del Taller.

El Cierre de la Jornada estuvo a cargo del Dr. Humberto Bottini, Presidente del Colegio de Magistrados del Departamento Judicial Zarate Campana, Provincia de Buenos Aires.

CONCLUSIONES:

Ø  Los casos jurisprudenciales fueron los disparadores de las reflexiones del taller como en las anteriores provincias pero a diferencia de dichas experiencias lxs concurrentes optaron por comentar las situaciones que les ha tocado vivenciar en las dependencias en las que se desempeñan.
Ø  Lxs integrantes de los grupos seleccionaron libremente un caso jurisprudencial  de los que les fueron aportados y lo debatieron internamente para luego compartir las interesantes conclusiones a las que arribaron.
Ø  Enfatizaron en la necesidad de la implementación urgente de políticas de Estado para prevenir situaciones de violencia y de esta manera, no se recurrirá a la utilización del servicio de seguridad y de justicia como primer nivel de ayuda de quien sufre violencia.
Ø  En la misma línea de pensamiento, mencionaron la importancia, previo a la denuncia,  de la actuación de psicólogas/os, psiquiatras, trabajadoras/res sociales que asistan a quienes se encuentran dentro del “circulo de violencia”. De esta manera se trabajaría el conflicto sin judicializarlo y lo que es más importante, sin que en algunos casos se cometan delitos tales como lesiones, tentativas y consumaciones de homicidios.
Ø  Destacaron como experiencia reiterada que es muy común que las víctimas, luego de denunciar, vuelvan a la dependencia judicial para solicitar que se deje sin efecto las medidas dispuestas jurisdiccionalmente y que no logran entender por qué el proceso continúa. Así también mencionan que al tiempo, las victimas regresan manifestando un hecho similar al que inicialmente denunciaran. Entienden que el apoyo profesional evitaría estas circunstancias.
Ø  Argumentaron que la violencia no distingue clase social pero quienes tienen recursos pueden acceder a la consulta privada de psicóloga/os y psiquiatras. Proponen que la actuación de los profesionales en salud  debe ser gratuita y el Estado garantizar la continuidad de tratamiento, dado que los grupos vulnerables de bajo recursos económicos que recurren a centros hospitalarios públicos refieren haber abandonado tratamientos frente a la discontinuidad del mismo (discontinuidad de días y horarios, de profesionales, de lugar de atención).
Ø  Resaltaron la cantidad de casos en los que se evidencia la existencia de violencia recíproca entre los integrantes de la relación de pareja y que el servicio de justicia toma nota de ello a partir de que uno de los componentes de la relación resulta victimizado. Resumieron tal situación en la frase “los unió la violencia”.
Ø  Coincidieron en la “gran ayuda” que significa a nivel de prevención de violencia la actividad que cumplen los equipos orientadores de las escuelas donde se ha desarrollado mapas de conflictos.
Ø  Por otra parte,  advirtieron que  las decisiones judiciales son cumplidas por las fuerzas policiales (medidas cautelares: cercos, custodia, etc) y que más allá de que la normativa sea excelente y la decisión tenga igual carácter, nunca resultará eficaz si no se prepara y capacita a las/los funcionarias/os policiales para ejecutar tal tarea. Destacan que el trabajo es conjunto, entre el Poder Judicial y la Policía y que debe capacitarse a sus integrantes  para que no existan dudas y que conozcan los derechos y deberes de víctima y victimario.
Ø  Mencionaron la importancia de que una vez formalizada la denuncia, quien se encargue de la investigación judicial realice una completa recolección de elementos de prueba y que no se quede inmóvil luego de lograr una medida cautelar –la prisión preventiva, por ejemplo-, sino que continúe en la búsqueda de material probatorio para arrimar elementos que utilice el/la  Fiscal en la instancia del juicio oral. Sostienen que la ineficacia judicial significa repotenciar la violencia denunciada.
Ø  Destacan la importancia de que las/los operadoras/res judiciales aborden los temas de género con seriedad y que no minimicen los conflictos. Una denuncia de amenaza debe ser tomada con sumo cuidado y detalle adoptando rápidamente medidas adecuadas, integrales y que lleguen al fondo de la cuestión para con el agresor, porque grafican “la violencia no es como el hipo, no se va con el susto”.
Ø  En su totalidad, quienes participaron,  coincidieron en la importancia de fortalecer a la víctima de violencia y que para ello es necesario contar con mayores recursos. Entre ellos la mencionada asistencia en salud, refugios estatales y recursos económicos  para -por ejemplo-, contar con dinero para algo tan simple como solventar el costo de un cambio de cerradura cuando se dispone una medida cautelar de exclusión del hogar y la víctima carece de medios económicos y no se siente segura porque el agresor posee llave de ingreso al domicilio.
Ø  La provincia no adhirió a la parte procedimental de la ley 26.485, en consecuencia frente a las soluciones alternativas del conflicto como la mediación y la conciliación mencionaron, que en líneas generales, la Fiscalía no presta consentimiento para que se formalicen estos institutos procesales.
Ø  También en este contexto, se analizaron las convenciones internacionales con rango constitucional, la Convención de Belem Do Pará, la ley 24.417, la ley que convocó al encuentro y sobre la necesidad de la aplicación armoniosa de la totalidad de la normativa vigente y la importancia de su cita en los escritos judiciales, lo que rara vez se realiza.
Ø  Concluyeron en que la imagen social de la mujer tiene significados mucho más positivos en el contexto sociocultural actual, en el que ocupa lugares destacados en la vida laboral, social y política. Entienden que se ha logrado visibilizar a la violencia de género como nunca se lo había hecho, por lo que se debe hacer hincapié en que el servicio de justicia no es la única herramienta frente a la violencia. Antes de  la intervención del servicio policial y de justicia es muy importante la labor que desarrollan tanto las escuelas –desde el jardín de infantes al secundario- que advierten en los comportamientos evidencias de violencia en el seno familiar, como las/los médicas/os y  enfermeras/ros que observan las huellas del maltrato. Es entonces donde la educación en materia de género a nivel familiar y a nivel sociedad adquiere realmente valor, puesto que la orientación a tiempo y el trabajo en red resulta indispensable para enfrentar la lucha contra la violencia.                                                                                   

TALLER n° 6 – SANTIAGO DEL ESTERO, PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO

 

Esta actividad se caracterizó por consistir en una Jornada - Taller Preparatoria del XIX Encuentro Nacional “Violencia de Género y Femicidio” organizado por AMJA  y se llevó a cabo en la misma provincia, los días 29,30, y 31 de agosto del corriente año.

La  Jornada  tuvo lugar el 22 de junio de 2012, fue  convocado por AMJA y por el Superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero y se desarrolló en el Centro único de Capacitación Judicial “Dr. José Benjamín Gorostiaga”.

El acto de  apertura estuvo a cargo del señor Ministro del Superior  Tribunal de Justicia de Santiago del Estero Dr. Agustín Pedro Rímini Olmedo y de la Sra. Presidenta de AMJA, Dra. Susana Medina de Rizzo.

Luego de la proyección del video institucional de AMJA, disertó la Dra. Gloria Marina Pasten de Ishihara. El taller fue desarrollado por la Dra. María Laura Altamiranda quien recopiló las conclusiones a las que arribaron lxs asistentes.

Las palabras finales estuvieron a cargo de  la Sra. Representante de AMJA en esa Provincia,  Dra. Graciela de Valle Neirot de Jarma quien además hizo entrega de los certificados.

CONCLUSIONES


Ø  A partir de la disertación sobre la ley que convocó al encuentro y de los casos jurisprudenciales proporcionados al inicio de la jornada, surgió una gran cantidad de reflexiones y comentarios por parte de los participantes del taller. Cabe destacar que hasta ahora es la única Provincia que, si bien adhirió a las normas adjetivas que contiene la Ley 26485, cuenta con una ley especial de procedimiento n° 7032/11.
Ø  Compartieron la importante labor que desarrolla la Oficina de Violencia Doméstica que funciona las veinticuatro horas del día durante todo el año en el ámbito del Poder Judicial de esta provincia.
Ø  Destacaron que el Legajo que realiza la Oficina de Violencia Doméstica agiliza notoriamente el trámite del expediente judicial y que se ha dejado de “construir un expediente con cantidad de papeles” puesto que con los completos informes elaborados por dicha dependencia se ha logrado en muchas ocasiones una pronta respuesta por parte del órgano judicial  a nivel de medida cautelar.
Ø  Resaltaron que en muchos casos se ha obtenido respuesta en muy  pocas horas. Esto obedece a que el  órgano judicial que debe tomar decisiones cuenta desde el inicio con un Legajo completo formado en la OVD.
Ø  Esta rapidez en la respuesta significa un gran avance vinculado al  tratamiento de la víctima, puesto que la misma obtiene una pronta respuesta al conflicto que –en la mayoría de los casos- padece desde hace tiempo y se ha animado a denunciar.
Ø  Mencionan que la existencia de un numeral 0800 ha sido de gran ayuda para informar, prevenir y en algunos casos evitar casos de violencia de género. De igual modo, la existencia de Comisarías dedicadas a la temática de género o con oficinas dentro de la dependencia policial que se ocupan específicamente de la cuestión, resulta un significativo avance en el tratamiento de la violencia hacia la mujer al tiempo de ejecutar las órdenes emanadas de los organismos judiciales.
Ø  Por otro lado, mencionan la necesidad de contar con mayor cantidad de albergues para las víctimas de violencia que deciden abandonar el domicilio y no tienen donde instalarse, situación que se agrava cuando existen hijos menores de edad. Las instalaciones proporcionadas por el Municipio son escasas –pocas camas disponibles- dado que se comparten con la oficina de Derechos Humanos, por lo que se debe recurrir a la familia de quien denuncia para que le brinden cobijo.
Ø  Al igual que las otras provincias, coinciden en la necesidad de contar con mayores recursos presupuestarios para afrontar la construcción de casas de refugio para las mujeres víctimas de violencia.
Ø  Adviertieron la necesidad de adoptar medidas para con el agresor puesto que se preguntan ¿A dónde va el violento cuando se dispone una medida cautelar de exclusión del hogar? Entienden que es un factor a tener en cuenta puesto que puede hacer estallar el conflicto desde otros lugares, por ejemplo, daños a la propiedad que ha debido abandonar, por decir lo menos.
Ø  Y también, ante la disposición de una medida de exclusión del hogar por ejemplo de 90 días ¿Qué pasa el día 91?  Concluyen en la necesidad de encontrar soluciones para brindar un tratamiento psicológico al agresor y que ese tiempo de exclusión resulte útil para solucionar el conflicto, que exista un seguimiento para que al llegar el día 91, se pueda adoptar una medida que no sea sólo la prórroga, puesto que estas decisiones son momentáneas y no logran abordar el conflicto a fin de solucionarlo.
Ø  Resaltaron que resulta de suma necesidad el acompañamiento y el abordaje conjunto por parte de psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales para que quienes componen la relación violenta puedan encausar sus vidas en común o encarar la vida por separado.
Ø  Se analizaron las convenciones internacionales con rango constitucional, la Convención de Belem Do Pará, la ley 24.417, la ley que convocó al encuentro y la ley provincial. Los concurrentes evidenciaron tener en claro al concluir la jornada  la normativa y que en la Convención de Belem Do Pará encuentran los principios de acción en el tema que nos convoca. Pero manifestaron  que si bien la capacitación es muy necesaria  sino se logra trabajar en la temática de manera conjunta entre todas/os  las/os operadores –policiales, judiciales- y sobretodo la comunidad, nada cambiará.
Ø  La experiencia compartida por las/los Instructores Judiciales  presentes reflejó que formalizada la denuncia y luego de mucho trabajo por parte del órgano judicial, un gran número de causas deben ser archivadas dado que las denunciantes al ser citadas para ratificar y ampliar los términos de su denuncia mencionan que tal situación no existió  y más allá de realizar tareas probatorias, puesto que es notoria que la misma se encuentra dentro del denominado circulo de violencia, el material probatorio resulta escaso para continuar con el ejercicio de la acción penal porque mayormente no existen testigos ni presenciales ni de otro carácter que aporten datos acerca de la violencia existente en la pareja.
Ø  Mencionaron  que muchas víctimas se han retirado sabiendo que se les iniciará un proceso por falsa denuncia, lo que parece no importarles. Comentaron entonces la sensación de impotencia frente a la problemática porque consecuentemente, la experiencia les indica que esta persona luego volverá y quizás, víctima de un agresor que ha escalado en la gravedad del conflicto con la ley penal.
Ø  Concluyeron en que la sociedad toda debe comprometerse y actuar frente a los casos de violencia que conocen, acercarse a la víctima, ayudarla, sugerirle que busque apoyo tanto psicológico como policial/judicial y no quedarse expectantes y esperando que sea otro el que intervenga. La violencia es una cuestión en la que todxs debemos comprometernos, no es válido el esfuerzo aislado para combatirla seriamente.

OTRAS ACTIVIDADES


SEMINARIO INTERNACIONAL “DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES Y LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS NIÑOS RECIEN NACIDOS”.


Este Seminario fue celebrado los días 20 y 21 de Septiembre de 2011 en la ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy. Fue organizado por la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Jujuy y la Oficina de la Mujer del Poder Judicial de la misma Provincia. La Dra. María Laura Altamiranda fue invitada especialmente a participar y disertó acerca de aspectos relacionados con estereotipos de género, los diversos modos de violencia en la ley 26.485, en especial la violencia mediática reflejada en la publicidad y por último, el tratamiento de la víctima por parte de los operadores judiciales.

“3ra.  Capacitación sobre  “ASPECTOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS DEL ACOSO SEXUAL. LAS RESPUESTAS DE LA JUSTICIA”


La actividad fue organizada en el marco de las Resoluciones  Ministeriales Nros.1160/08 y 1238/09 que consolidó en el ámbito de la Defensa la Creación de las Oficinas de Género para el Personal de las Fuerzas Armadas. Tuvo lugar el día 16 de noviembre de 2011 en el Edificio Libertad. La Jornada fue presidida por el Dr. Director General del Personal y Bienestar de la Armada, Vicealmirante VGM Dn. Alvaro José Martínez. Asimismo, se hicieron presentes autoridades del Ministerio de Defensa, la Directora Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Sra.Stella Segado y la Directora de Políticas de Género, Dra. Malena Derdoy. También participó el Auditor General de las Fuerzas Armadas, General de Justicia Dn. Omar Lozano. Se contó con una numerosa asistencia de participantes de las distintas Fuerzas Armadas.

Las encargadas de la exposición quedó a cargo de las Dras. Gabriela A.Vázquez y Gloria M. Pasten de Ishihara, ambas Juezas de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo e  integrantes de la Comisión Directiva de AMJA acompañadas por la Secretaria, Dra.Leila Giani.

La jornada fue dividida en tres partes. En la primera etapa, disertó la Dra. Vázquez. Realizó la introducción teórica del acoso sexual, su definición, tipos, modos de manifestarse con especial referencia a las situaciones de vulnerabilidad, particularmente en el caso de las mujeres que integran las Fuerzas Armadas. Luego  hizo referencia a la problemática en el marco de una perspectiva de género, la naturalización y tolerancia de su existencia en el seno de una sociedad patriarcal.

En la segunda parte, disertó la Dra. Pasten de Ishihara mediante el análisis de los Derechos Humanos de las Mujeres y las herramientas normativas para su protección: La Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw); la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará) y la Ley 26485, de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contras las mujeres en los ámbitos que desarrollen su relaciones interpersonales. La última etapa estuvo dedicada a la perspectiva de género en las prácticas y decisiones judiciales, a cargo de la Dra. Pasten de Ishihara  y por su parte la Dra. Vázquez se expidió acerca de las responsabilidades derivadas del acoso sexual en el trabajo. Por último, se generó un espacio de reflexión y trabajo grupal con la participación de quienes asistieron a la jornada y la especial colaboración de la Dra.Leila Giani.   

XIV CONGRESO INTERNACIONAL DE POLITICA SOCIAL, LABORAL Y PREVISIONAL: “PROTECCION CON INCLUSIÓN”


La actividad académica se llevó a cabo los días 29,30 y 31 de marzo de 2012 y fue organizada por la Fundación de Altos Estudios Sociales (F.A.E.S.). Contó con el auspicio de la Corte de Justicia de Salta, del Gobierno de la Ciudad de Salta, del Honorable Senado de Salta, del  Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires; del Ministerio de Trabajo de Salta,  del Honorable Senado de la Nación, de la Universidad Católica de Salta, entre otras instituciones y organizaciones.

En esta oportunidad, la Dra. Gloria M. Pasten de Ishihara además de haber sido invitada como expositora, participó en su carácter de Vicepresidenta de AMJA  y su exposición versó sobre la teoría de la carga dinámica de la prueba en los supuestos de despido discriminatorio y los fundamentos expuestos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Pellicori, Liliana Silvia c/ Colegio de Abogados de Capital Federal” (CSJN A.1023 XLIII). Subrayó su relación con el art.6° de la Ley 26485 que contempla  como una de las modalidades de violencia, la violencia laboral y particularmente la importancia del último párrafo que introdujo el Decreto reglamentario al art.6° inc. c) que se refiere específicamente a la carga en materia de prueba, destacando asimismo los principios de amplitud probatoria y la importancia de los indicios.

“2das. JORNADAS NACIONALES DE ABOGADAS: DISCRIMINACIÓN Y GÉNERO”


Fueron celebradas en el Salón Auditorium  “Dr. Rafael Hugo Reyes” del Colegio de Abogados de la Ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy los días 12 y 13 de abril de 2012 y promovidas por la Comisión de Derechos de la Mujer de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (F.A.C.A.) y co organizadas por el Colegio de Abogados y Procuradores de Jujuy; el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, el Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Jujuy, la Escuela de Capacitación del Poder Judicial y la Universidad Nacional de Jujuy.

En esta oportunidad la Dra. Gloria Marina Pasten de Ishihara fue invitada a disertar por la Sra. Ministra  del Superior Tribunal de Jujuy, Dra. Clara Langhe de Falcone, socia y representante de AMJA en la Provincia de Jujuy. La exposición versó sobre el acceso a la justicia como aspecto fundante de la ley 26485. Allí se expresó que acceder a la justicia no es sólo llegar a los tribunales de justicia, que es mucho más que la intervención de un juez o jueza, pues su inicio comienza con el conocimiento de los derechos y con la posibilidad efectiva de ejercerlos. De allí que –resaltó- que la Ley 26485 además de las definiciones de discriminación, violencia, relaciones de poder, revictimización, tipos y modalidades de violencia, promueve y garantiza el acceso a la justicia de las mujeres que padecen violencia, obliga a ofrecer a las mujeres todos los recursos necesarios en todas las esferas del Estado Nacional ya sean de orden administrativo o judicial o de otra índole para garantizar el efectivo ejercicio de sus derechos, tales como el servicio de asistencia jurídica gratuita, las garantías del debido proceso, la adopción de medidas positivas para asegurar la exención de los costos del proceso y el acceso efectivo al recurso judicial.

“I JORNADA REGIÓN PATAGONICA AMJA VIOLENCIA, GÉNERO Y ADOPCIÓN”


Esta Jornada se llevó a cabo el 3 de agosto de 2012 en USHUAIA,  Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, organizadas por AMJA, el Poder Judicial de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur y la Escuela Judicial del Poder Judicial de Tierra del Fuego.
En esta oportunidad, entre otras exponentes,  las Dras. Maria Laura Altamiranda y Gabriela Alejandra Vázquez  participaron en el segundo panel y disertaron sobre  “La Ley de Protección Integral a la Mujer  n° 26485.

 

Curso sobre “MUJER Y TRABAJO: Las cuestiones de Género y la Discriminación Laboral


Este curso, de contenido teórico y práctico,  se realizó en el marco del Programa de Capacitación y Actualización Jurídica de AMJA, conjuntamente con la Escuela de Capacitación Judicial de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN). La apertura estuvo a cargo de la Dra. Gabriela A. Vázquez en su carácter de integrante de la Comisión Directiva de AMJA y fue dictado por las Dras. Gloria M. Pasten, Viviana M. Dobarro, Cecilia M. Murray y Mónica M.I. Pinotti durante los días 3,10 y 17 de septiembre y culminó el 1 de octubre de 2012. Fue destinado a los integrantes de la Justicia Nacional del Trabajo y sus objetivos fueron brindar herramientas jurídicas y prácticas para que las/los operadoras/res en el ámbito del Derecho del Trabajo adquieran los conceptos necesarios y se identifique, comprendan y apliquen los derechos fundamentales y las instituciones del Derecho del trabajo a nivel nacional e internacional, relacionados específicamente con la mujer en el ámbito de las relaciones laborales.

ALGUNAS CONCLUSIONES FINALES


Las conclusiones a las que arribaron quienes participaron de los Talleres nos permiten resaltar algunos pensamientos comunes fundados no sólo en la formación jurídica sino en la experiencia  que les da el trabajo diario en distintas dependencias aún cuando tales coincidencias surgieron de  integrantes del Poder Judicial de diferentes provincias del interior del país con connotaciones particulares y diferenciadas entre ellas en cuanto a su organización y sistema de gestión. También cabe consignar que esta comunidad de opiniones pertenece a una cantidad reducida de lugares visitados por las razones explicitadas al comienzo de este informe.  Aún así, consideramos que puede resultar un aporte útil a la lucha  contra el flagelo de la violencia y a la necesidad de que la Ley 26485 se torne verdaderamente operativa.

En tal sentido, los temas recurrentes han sido la capacitación, la prevención, la intervención de equipos interdisciplinarios, el trabajo en red, la necesidad del conocimiento profundo y acabado de las medidas preventivas, el diseño de los formularios de denuncia y los legajos de la OVD, la ayuda que significa la existencia de las Comisarías de la Mujer, el sistema de “Asistencia a la Víctima” y las carencias presupuestarias.

Señalaron la importancia de la capacitación permanente y de la docencia no sólo en las dependencias donde cada una de lxs  asistentes se desempeñan sino también en de la capacitación de las primeras líneas de atención al público a nivel policial, sanitario y  judicial.

Resaltaron la necesidad de que, previo a la denuncia, actúen equipos interdisciplinarios (psicólogas/os, psiquiatras, trabajadoras/res sociales) para asistir a quienes se encuentran dentro del “circulo de violencia”, destacando la importancia que significa la actividad que cumplen los equipos orientadores de las escuelas donde se ha desarrollado mapas de conflictos.

Como consecuencia de lo anterior, mostraron que tienen claro que la mujer trae un conflicto con el cual convive desde hace mucho tiempo y se anima a romper el silencio, no debe ser defraudada, debe ser escuchada y brindarle soluciones  integrales.

Para ello consideraron de suma relevancia trabajar en red  y crear conciencia que el servicio de justicia no es la única herramienta frente a la violencia;  que  la educación en materia de género a nivel familiar y a nivel sociedad adquiere realmente valor, puesto que la orientación a tiempo y el trabajo de la manera indicada, resulta indispensable para enfrentar la lucha contra la violencia.                                                             

Otro aspecto, reiterado en los talleres, se relaciona con las cuestiones atinentes a las medidas preventivas  donde lxs asistentes se refirieron indistintamente a medidas cautelares, autosatisfactivas y procesos urgentes, ponderando las existentes en la Ley 26485 y las normas complementarias y la necesidad de que lxs operadores jurídicos conozcan acabadamente todas las medidas que tienen a su alcance.

También existió coincidencia en la necesidad de diseñar formularios de denuncia que abarquen toda la información necesaria no sólo para la investigación penal, sino para  brindar ayuda social y psicológica a la persona víctima de violencia por parte de equipos interdisciplinarios para luego compilarla y transferirla al Registro Nacional..

Destacaron que el Legajo que realiza la Oficina de Violencia Doméstica agiliza notoriamente el trámite del expediente judicial,  puesto que con los completos informes elaborados por dicha dependencia se ha logrado en muchas ocasiones una pronta respuesta por parte del órgano judicial  a nivel de medida cautelar. De igual modo, la existencia de Comisarías dedicadas a la temática de género o con oficinas dentro de la dependencia policial que se ocupan específicamente de la cuestión, resulta un significativo avance en el tratamiento de la violencia hacia la mujer al tiempo de ejecutar las órdenes emanadas de los organismos judiciales.

Existe consenso acerca de la gran ayuda que significa el numeral 0800, sin embargo, se ha señalado la necesidad buscar alternativas  ante las carencias presupuestarias y   perfeccionar el sistema “Asistencia a la Víctima”.

Vinculado con lo anterior, un tema que ha generado mayor  coincidencia ha sido a la falta de recursos económicos y se ha  insistido en la necesidad de contar con mayor presupuesto  para la construcción de más albergues  para las víctimas de violencia y para los menores de edad.