A continuación, se exponen un resumen de las conclusiones de los talleres y otras actividades del Programa en general. Han sido publicadas y distribuidas a fines del año 2012 en soporte papel por AMJA.
LOS TALLERES Y SUS CONCLUSIONES
TALLER N° 1 – FORMOSA CAPITAL
Como respuesta a la solicitud de la Sra. Presidenta de AMJA, Dra. Susana
Medina de Rizzo, el Excmo. Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Formosa,
integrado por el Sr. Presidente Dr. Ariel Gustavo Coll y los Sres. Ministros
Dres. Héctor Tievas y Eduardo Manuel Hang, mediante Acta n° 2670 del 18 de mayo
de dos mil once acordó: “…Conceder el auspicio del Superior Tribunal de
Justicia al Programa sobre la Ley
de Protección Integral a la
Mujer n° 26485 denominada “Violencia de Género, Ley de
Protección Integral a las Mujeres y su reglamentación”, que comenzará el día 30
de junio del año en curso en la
Ciudad de Formosa, proporcionando la sede de la Escuela Judicial
para su realización y facultando a Presidencia a disponer las medidas que
permitan concretar las actividades previstas…”.
En el marco de este auspicio, el
30 de junio de 2011, se dio inicio al primer
taller en la Ciudad
de Formosa, Capital de la
Provincia del mismo nombre y se desarrolló en la Escuela de Capacitación
del Poder Judicial.
En esta oportunidad se rindió un
sentido homenaje a la memoria de la
Ex - Ministra del Superior Tribunal de Formosa y socia de
AMJA, Dra. Arminda Colman mediante la exhibición de un video de su trayectoria
de vida y profesional y el descubrimiento de una placa recordatoria.
El acto de apertura estuvo a cargo del señor Ministro del Superior
Tribunal de Justicia de Formosa, Dr. Eduardo Manuel Hang y de la Presidenta de la Asociación de Mujeres
Jueces de Argentina Dra. Susana Medina
de Rizzo.
Luego de la proyección del video
institucional de AMJA, disertó la Dra. Gloria Marina Pasten de Ishihara y la coordinación
estuvo a cargo de la Dra.
Carmen Cristanchi, socia y representante de AMJA.
El taller fue desarrollado por la Dra. María Laura Altamiranda
quien colectó las conclusiones a las que arribaron lxs asistentes y posteriormente
fueron puestas en común por la
Dra. Viviana Kalafatich, socia y representante de AMJA en esa
Provincia.
CONCLUSIONES:
Ø
En los
grupos que se formaron, se llevó a cabo
la tarea de visualizar y comentar los conceptos de la ley en los casos
jurisprudenciales sometidos al análisis. Lxs participantes se explayaron con
relación al daño físico, emocional y económico de quienes son víctimas de
violencia de género. Destacaron que no es materia exclusiva del ámbito
familiar, sino que se encuentra presente en todos los ámbitos donde las mujeres
se desempeñan y desarrollan.
Ø
A
partir de los casos analizados y experiencias personales, señalaron la
existencia de patrones de discriminación en el acceso a la justicia de las
mujeres víctimas de violencia de género. Patrones culturales donde se visualiza
el impacto diferenciado entre mujeres y varones.
Ø
Coincidieron
en la importancia de la capacitación permanente y de la docencia desde las
dependencias donde cada una de lxs asistentes se desempeñan, para quienes asisten
en virtud de una relación judicial como así también para los integrantes de la
misma dependencia. Ello, para que la ley
no sea solo una consagración de derechos sino que se impida que los mismos sean
violados.
Ø
Por
último, señalaron la importancia de la difusión de la ley que nos ha convocado
al taller de reflexión a fin de sensibilizar a la comunidad acerca de una
realidad de difícil visualización social.
TALLER n° 2 – RESISTENCIA, CHACO
Mediante Acta n° 3188 del 24 de
mayo de 2011, el Sr. Presidente del Superior Tribunal del Chaco, Dr. Ramón
Rubén Avalos y los Sres. Ministros Alberto Mario Modi, María Luisa Lucas,
Ricardo Fernando Franco, Rolando Ignacio Toledo, asistidos por el Sr.
Secretario Autorizante Provisorio, Dr. Omar Eduardo Amad, acordaron: “Auspiciar
el Programa sobre la Ley
de Protección Integral a la Mujer n° 26485 denominado
“Violencia de Género, Ley de Protección Integral a las Mujeres y su
reglamentación…”, taller que se dictó el 1° de julio de 2011 en la Ciudad de Resistencia,
Capital de la Provincia
de Chaco, en el Salón Auditorio del Centro de Estudios Judiciales del Poder
Judicial de esa Provincia. También contó con el auspicio de la Lotería Chaqueña.
El acto de apertura estuvo a cargo de la Sra. Ministra del
Superior Tribunal de Justicia del Chaco, Dra. María Luisa Lucas, socia y
representante de AMJA en esa Provincia y
de la Presidenta
de la Asociación
de Mujeres Jueces de Argentina, Dra.
Susana Medina de Rizzo.
Luego de la proyección del video
institucional de AMJA, la
Dra. Rosana Glibota llevó a cabo la presentación del libro
“Trata de Personas: Mercaderes de Vidas” cuyas características y contenido
fueron transmitidos por la
Dra. Zunilda Nieremperger
y Dr. Francisco Rondán, autores de la obra.
A continuación disertó la Dra. Gloria Marina
Pasten de Ishihara y el taller fue desarrollado por la Sra. Coordinadora,
Dra. María Laura Altamiranda que registró las conclusiones a las que arribaron
lxs asistentes.
CONCLUSIONES:
Ø
Se
analizaron los casos jurisprudenciales que operaron como disparadores de la reflexión del taller.
Lxs asistentes propiciaron trabajar arduamente a fin de que todas/os los
operadores/ras judiciales conozcan e interpreten la normativa a fin de lograr
su total aplicación.
Ø
Compartieron
experiencias en las que se visualizó el sometimiento y la violencia ejercida
sobre las personas vulnerables. Violencia que claramente identificaron y señalaron
dentro de los tipos y modalidades previstos en la normativa en análisis.
Ø
Esta
provincia adhirió a la parte procedimental de la ley 26.485, en consecuencia se
plantearon discrepancias entre lxs asistentes, generándose un rico debate. Por un lado, un numeroso grupo propició que
la ley debería modificarse y permitir la mediación y la conciliación en casos
de violencia de género. Otro grupo se opuso rotundamente a la modificación de
la ley en este aspecto. Se debatió en torno al artículo 28 de la ley.
Ø
Así,
parte de los asistentes propició la
mediación para casos en los que el conflicto se circunscribe al ámbito de
cuestiones de alimentos, visitas y tenencia de hijos.
Ø
Otro
sector incluyó a las cuestiones inherentes al fuero penal. Fundaron su postura
en que la mediación es una importante herramienta de pacificación del conflicto
y que un mediador/a calificado/a en cuestiones de género, garantizará la
igualdad de posición entre quienes llegan a la audiencia de mediación, como así
también a un ámbito de libertad para la toma de la decisión de mediar por parte
de la mujer víctima de violencia de género. No incluyeron a las lesiones de
carácter grave ni los delitos de abuso sexual con acceso carnal. Señalaron que
para ello es necesario contar con grupos de trabajo que desarrollen su tarea de
manera coordinada con redes sociales, casas y refugios, equipos de asistentes
sociales y psicólogos que acompañen a la víctima y trabajen en la restauración
integral de la persona dañada por violencia de género.
Ø
Un
grupo de asistentes que integra la
Justicia de Faltas plantearon la importancia de la
conciliación en los hechos de violencia familiar que no revisten la entidad de
delitos y que por lo tanto no tienen repercusión ni tratamiento en las
Fiscalías. Relataron que la experiencia en sus dependencias las conduce a
sostener que en la mayoría de los casos la intervención de la Justicia de Paz en estos
episodios es muy importante porque se han solucionado los conflictos. Se les ha
dado respuesta a partir de la intervención conjunta de Defensorías, Asesorías,
equipos interdisciplinarios y de realizar un seguimiento de la cuestión que les
fue puesta en conocimiento. Señalaron que esta experiencia les permite afirmar
que debe analizarse cada caso en particular y el estado de cada víctima en
idéntico sentido y que, dependiendo del caso, la conciliación es posible.
ANEXO TALLER N° 2:
A continuación se agrega el
texto del documento remitido por el Dr. Gabriel E. Duarte que fue remitido vía mail a la Dra. Laura Altamiranda en su carácter de
coordinadora de los Talleres. El colega participó activamente en el taller plasmando
su opinión en el documento que remitió. Asimismo, manifestó no haberlo
publicado y autorizó a AMJA para que se lo incluya como parte de las
expresiones vertidas por lxs
concurrentes al taller. De allí que es inserto en el presente informe como
anexo a las conclusiones del Taller realizado en la Provincia del Chaco.
VIOLENCIA DE GÉNERO – ACCESO A JUSTICIA – MEDIACION
Dr. Gabriel E. Duarte
En nuestra provincia se ha
dictado la Ley Nº
6448, que crea en todas las jurisdicciones de la Provincia del Chaco, con
carácter obligatorio, la
Mediación Familiar previa a todo juicio que comprenda algunas
de las materias enunciadas en el art. 2º de la ley, cuya enumeración es de
carácter enunciativa. La vigencia de esta legislación se encuentra suspendida
hasta el 30/07/11.
Asimismo por ley 6689 la
provincia se adhirió a la ley 26.485 -de Protección Integral a las Mujeres-,
cuyo art. 28 último párrafo establece que: “Quedan prohibidas las audiencias de
mediación o conciliación”.
En oportunidad de ser solicitada
la opinión y sugerencia respecto al proyecto de ley que modifica el art.
11 de la ley 4989 y sus modificatorias -Código de Faltas de la Provincia- la mayoría
de los Ministros de este Superior Tribunal de Justicia, con fundamentos en las
bondades de la mediación, su práctica con éxito en la mayor parte de los países
del mundo y la opinión de los jueces de paz y faltas de no aceptar la
prohibición de las audiencias de mediación y conciliación, aún en cuestiones de
violencia familiar, concluyó que se debería dejar sin efecto la adhesión a la
ley 6689 provincial, al último párrafo del art. 28 de la ley 26485, en cuanto
establece: “Quedan prohibidas las audiencias de mediación o conciliación”.
Se alzan voces que entienden que
si hay violencia no puede existir mediación. Parten del entendimiento de la
falta de igualdad entre la mujer y el hombre, a la carencia de autonomía,
paridad y objetividad entre los oponentes.
En este punto pongo de relieve
que teniendo en cuenta las conductas que tipifica la ley como violencia, no
siempre se da en las mismas una situación de desigualdad de partes, por lo que
el uso de la mediación permitiría dar una mejor protección a los derechos e
intereses legítimos de las víctima, de forma que prohibir la mediación no
hace sino que perjudicarlas y desprotegerlas, privándoles de la tutela judicial
efectiva que les reconoce la
Constitución (conf. Conclusión Quinta a) del Seminario
organizador el CGP en setiembre de 2007, España). Las distintas convenciones
internacionales: La
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal
de los Derecho Humanos, Belén do Pará, ”Cedaw”, antecedentes de
nuestra Ley 26485, reconocen expresamente el derecho a la libertad. Este derecho
conlleva necesariamente que a la víctima no se la puede prohibir la utilización
de la mediación, que es la vía más civilizada, avanzada, dialogada y asumible
de resolver los conflictos.
No olvidemos que existen
numerosos casos de crisis de pareja en que se producen actos de maltrato
ocasional, no pocas veces recíproco, donde la intervención del mediador, quien
está preparado para ello, puede colaborar a resolver el conflicto de manera
consensuada y llegar a un convenio equilibrado, a través de la identificación
de los intereses en común.
Asimismo, mediante las técnicas
que se aplican en la mediación se puede equilibrar la posición de la mujer
respecto de su agresor a través del proceso de fortalecimiento o de adquisición
de poder (empowerment); sin olvidar que a través de la mediación se puede
reivindicar y recuperar socialmente a la víctima, permitiéndosele libremente a
expresar su versión de los hechos, técnica que también favorece a que el
agresor reconozca su responsabilidad.
Las 100 Reglas de Brasilia que
tienen por finalidad primordial garantizar las condiciones de acceso efectivo a
justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad, contemplan en sus
arts. 43 y 44, las formas alternativas de resolución de conflictos, tanto antes
del inicio del proceso como durante la tramitación de mismo, enumerando en
forma expresa, entre otras, la mediación y la conciliación, por lo que la
prohibición a través de la legislación implica desconocer la normativa
supranacional.
Además, en la Provincia del Chaco se
encuentra vigente la ley 4.989, de Mediación Penal que dispone que se aplicará
en aquellos hechos delictivos que prevean una escala penal máxima de seis años
de prisión, delitos culposos en general, como así de inhabilitación y multa;
regulando también hechos previstos como contravenciones. Contempla además, el
tratamiento por mediación penal de delitos con pena mayor de seis años, pero
siempre después que fueran atribuídas responsabilidades por decisión de un
tribunal o una vez dictada la sentencia condenatoria. Los fines que motivaron
el instituto de mediación penal, entre otros: la solución más rápida de los
conflictos, prevalencia de lo sustancial sobre lo formal, poner primacía al
conflicto humano sobre el orden jurídico, que la víctima forme parte activa del
proceso y no sólo el Estado sea el que se apodere del conflicto, resultan
aplicables también a la mediación en violencia de género.
Conforme datos estadísticos del
Centro Público de Mediación, de la Primera Circunscripción,
los porcentajes de causas donde se han logrado acuerdos, oscilan entre el 76% y
91%, desde el año 2004 hasta el 2010, alcanzando este último año el 87%. Vemos
de esta manera las bondades y la eficacia de la mediación, y parte de los
conflictos acordados son de naturaleza de violencia.
Pongo de resalto que la
mediación familiar surgió como una alternativa de contención para tantos casos
de violencia familiar que no encontraban solución a este grave problema social
y que promueve y se apoya en el protagonismo de todas las partes, la
imparcialidad del mediador, la confidencialidad del proceso, la cooperación y
colaboración de todos los participantes, la búsqueda de generación y confianza
mutua de los intereses de cada uno, la libertad de decisión y la solidaridad,
valores que se deben insertar nuevamente en la cultura social y que deben ser
tenidos en cuenta para regular la mediación en violencia de género.
TALLER N° 3 – CIUDAD DE TODOS LOS SANTOS DE LA NUEVA RIOJA, LA RIOJA
El 14 de octubre de 2011 se
llevó a cabo este taller en la
Ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja, Provincia
de La Rioja, organizado conjuntamente con el Superior
Tribunal de La Rioja,
desarrollándose en el ámbito de la
Escuela de Capacitación “ Dr. Joaquín V. González”.
El acto de apertura estuvo a cargo del señor Ministro del
Superior Tribunal de Justicia de La Rioja Dr. Mario Pagotto y de la Vicepresidenta de la Asociación de Mujeres
Jueces de Argentina Dra. Gloria M. Pasten
de Ishihara.
La Dra. Ivana Cattaneo, socia y
representante de AMJA en esa provincia, ofició como Coordinadora General de la
actividad y presentó el video
institucional. Luego disertó la
Dra. Gloria Marina Pasten de Ishihara y el taller fue dirigido
por la Dra. María
Laura Altamiranda quien recogió las conclusiones a las que arribaron lxs
asistentes.
CONCLUSIONES:
Ø
Los
casos jurisprudenciales constituyeron los disparadores de las reflexiones del
taller. Luego de realizar su lectura, lxs numerosos asistentes trabajaron sobre
la temática de violencia de género haciendo hincapié en cuestiones atinentes
a medidas cautelares, demostrando un
gran conocimiento de la ley 26.485 como así también de la ley provincial n° 6580 sobre violencia familiar y su decreto
reglamentario que también rige la materia.
Ø
Esta
provincia fue la primera que adhirió a la parte procedimental de la ley 26.485.
En consecuencia se debatió acerca de la necesidad de aplicar en forma armoniosa
la totalidad de la normativa vigente. Así, se analizaron las convenciones
internacionales con rango constitucional, la Convención sobre la Eliminación de todas
las formas de Discriminación contra la
Mujer, la de Belem Do Pará, la ley 24.417, la ley que convocó
al encuentro y la ley provincial.
Ø
Efusivamente
se compartieron experiencias en un auditorio sumamente participativo,
destacando casos de resonancia reciente en la provincia donde se visualizaba el
sometimiento y la violencia ejercida sobre las personas vulnerables.
Ø
Destacaron
la importancia de la capacitación de las primeras líneas de atención al público
–a nivel policial, sanitario, judicial- a fin de detectar las situaciones de
violencia y realizar una pronta y eficaz derivación.
Ø
Señalaron
la importancia del acceso a justicia y
resaltaron que con urgencia deben diseñarse formularios de denuncia que abarquen
toda la información necesaria no solo para la investigación penal, sino
para brindar ayuda social y psicológica
a la persona víctima de violencia, como así también un seguimiento por parte de
equipos interdisciplinarios.
Ø
Agregaron la necesidad de compilar tal
información en el Registro de Denuncia Provincial para luego transferir la
información al Registro Nacional.
Ø
Resaltaron
la importancia de evitar la
revictimización de quien denuncia, advirtiendo que la falta de colaboración
entre los organismos que intervienen en la temática determina infinidad de
citaciones de la víctima de violencia dando lugar a violencia institucional.
Ø
Coincidieron
en que debe perfeccionarse el sistema que denominaron “auxilio a la víctima”,
buscando alternativas ante las carencias presupuestarias. Ejemplificaron con la
siguiente situación: Ante la imposibilidad de consigna policial permanente en
el domicilio de quien denuncia, habilitar un número telefónico de la Seccional Policial
a la que pertenezca la custodia para que ante la emergencia, quien denuncie pueda contactarse de inmediato con los
funcionarios públicos.
Ø
Por
unanimidad bregaron los asistentes por la necesidad de establecer políticas
públicas coordinadas, a nivel provincial como nacional.
Ø
Los
asistentes se refirieron indistintamente a medidas cautelares, medidas
autosatisfactivas y procesos urgentes destacando las diferencias con precisión
doctrinaria. Compararon las contempladas
en la ley 26.485 con las medidas enumeradas en la ley de violencia familiar
24.417 y las previstas en el artículo 231 del Código Civil, concluyendo que el
operador jurídico cuenta con un abanico de posibilidades y resaltando fundamentalmente, que se necesitan operadores
jurídicos que con lógica, criterio y creatividad encaren la aplicación de las
leyes a fin de combatir este terrible flagelo social.
Taller n° 4 – SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, PROVINCIA DE TUCUMÁN
El Taller tuvo lugar el 1° de
marzo de 2012, fue convocado por AMJA y
por el Superior Tribunal de Justicia de Tucumán con el objetivo de propender a
la capacitación y perfeccionamiento permanente de los magistradas/dos y
funcionarias/os. Se desarrolló en el Centro de Especialización y Capacitación
Judicial del Poder Judicial de ésa Provincia.
El acto de apertura estuvo a cargo del señor Presidente del Superior Tribunal de Justicia de Tucumán, Dr. Antonio
Estofán, de la Sra.
Ministra Dra. Claudia Sbdar y de la Vicepresidenta de la Asociación de Mujeres
Jueces de Argentina Dra. Gloria M.Pasten
de Ishihara.
Luego de la proyección del video
institucional de AMJA, disertó la Dra. Pasten de Ishihara. El taller fue
desarrollado por la Dra.
María Laura Altamiranda quien recopiló las conclusiones a las
que arribaron lxs asistentes.
Las palabras finales y entrega
de certificados se llevaron a cabo por intermedio de la Sra. Directora del
Centro de Capacitación Dra. Viviana Calzetta de Vidal.
CONCLUSIONES:
Ø
Como en
las anteriores provincias, los casos jurisprudenciales fueron los disparadores
de las reflexiones del taller. Lxs concurrentes
participaron activamente y al momento de reflexionar realizaron un paralelismo
con la forma en que se trata la temática en las dependencias judiciales en las
que se desempeñan como así con las otras dependencias con las que se
relacionan.
Ø
Coincidieron
en que los avances normativos orientados a prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra las mujeres de manera incipiente, se encuentra acompañada en
aspectos de suma importancia como son la asistencia médica, psicológica y la
posibilidad de que la víctima de violencia cuente con asistencia letrada gratuita y capacitada
desde el inicio de las actuaciones.
Ø
Advirtieron
la necesidad de contar con mayores recursos presupuestarios para afrontar la
construcción de casas de refugio para las mujeres víctimas de violencia.
Ø
Resaltaron
la importancia de actuar por parte de lxs operadores (médicos, docentes,
asistentes sociales, funcionarios policiales y judiciales) frente a la denuncia
de violencia. Subrayaron la necesidad de actuar de inmediato y que ignorar
implica generar más violencia y en las víctimas, la sensación no sólo de desaliento sino la
clara visión de que haberse animado a salir del silencio, fue totalmente vano e
inútil.
Ø
La
provincia adhirió a la parte procedimental de la ley 26.485, en consecuencia se
analizaron las convenciones internacionales con rango constitucional, la Convención de Belem Do
Pará, la ley 24.417, la ley que convocó al encuentro y la ley provincial y se
discurrió largamente sobre la necesidad de la aplicación armoniosa de la
totalidad de la normativa vigente. Manifestaron que si bien en la mayoría de
los casos los operadores judiciales las aplican, no son mencionadas en los
textos de las resoluciones.
Ø
En el
ámbito del Superior Tribunal Provincial funciona la Oficina de Violencia
Doméstica. Las funcionarias aportaron datos sobre el trabajo y esfuerzo que a
diario realizan tendiente a brindar un tratamiento específico a las situaciones
típicas de violencia de género. Resaltaron que
para el éxito de los objetivos de la ley en análisis es necesario que lxs
distintos operadores involucrados incluyan el enfoque de género en sus
actividades diarias, tarea para nada sencilla.
Ø
Consideraron
de suma importancia receptar la actualidad, tener una mirada receptiva de las
necesidades y demandas específicas de las situaciones que conlleva el hecho de
que una mujer se anime, rompa el
silencio y se acerque en busca de ayuda a las instituciones. La importancia de
no defraudarla, escucharla y comenzar a brindar soluciones integrales al conflicto
que trae y con el cual convive quizás desde hace mucho tiempo.
Ø
Mencionan
que se advierte mayores casos de denuncia de los grupos vulnerables formados
por mujeres y ancianos.
Ø
En este
contexto se analizaron las medidas cautelares como herramientas sumamente
útiles y señalaron que la normativa aporta un amplio espectro. Coincidieron que
frente a la denuncia efectuada es importante no sólo conocer las normas de aplicación sino
que a partir de ellas ser creativos a fin de otorgar o peticionar al órgano decisor
–según sea el rol de la operadora/r- la medida cautelar mas apropiada y
protectora para el caso. Sólo de esta manera se logrará mayor efectividad.
TALLER N° 5 CAMPANA – PROVINCIA DE BUENOS AIRES
En cumplimiento del compromiso asumido por AMJA y FUNDEJUS (Fundación
de Estudios para la
Justicia) para desarrollar actividades académicas
conjuntas, el 1° de junio de 2012 se
llevó a cabo este Taller en el Salón
Auditorio de OSDE de la Ciudad
de Campana, Provincia de Buenos Aires, organizada por ambas instituciones.
A instancia de la Dra. María Pía Leiro en
representación de FUNDEJUS y como Coordinadora de la Oficina de la Mujer, la Sra. Intendente
Municipal del partido de Campana,
mediante el Decreto n° 0951 del 29 de mayo de 2012 declaró de interés
del Departamento Ejecutivo Municipal la jornada de capacitación no arancelada,
denominada “Violencia de Género, Ley de Protección Integral de las Mujeres y su
reglamentación”.
La apertura de la jornada estuvo a cargo del Sr. Presidente de FUNDEJUS,
Dr. Joaquín P. Da Rocha y de la Sra. Vicepresidente de la Asociación de Mujeres
Jueces de Argentina, Dra. Gloria Marina Pasten de Ishihara, Jueza de la Sala I de la Cámara Nacional de
Apelaciones del Trabajo. La actividad fue coordinada por la Dra. María Pía E. Leiro, socia de AMJA.
Estuvieron presentes en representación de la Sra. Intendenta, el Dr. Juan Ghione Secretario de
Gabinete y la Dra.
Adriana Barbero Secretaria de Gobierno y Gestión Pública. Por
su parte la Sra.
Intendenta municipal Doña Stella Maris Giroldi, hizo llegar su apoyo a toda actividad por la “no violencia de
género” y la búsqueda del consenso en el que la prioridad de las acciones
preventivas-asistenciales contra dicha violencia debe estar dirigida hacia la
protección, la dignificación y el logro de autonomía de las mujeres para que
puedan vivir en “paz, justicia e igualdad”, siendo éste el fundamento para
declarar a la jornada de interés Municipal tal como se ha referido.
Este taller se caracterizó por una asistencia numerosa que superó el
número recibido en el resto de los talleres (ciento treinta personas) y como dato significativo, es el que contó
con mayor participación de varones. Concurrieron Jueces/zas, Fiscales y
Defensores/as, funcionarios/as de los distintos organismos jurisdiccionales,
del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa Pública
que se desempeñan e integran este Departamento Judicial de
Zarate-Campana, el Departamento Judicial San Isidro y el de San Martin dentro
de las cuales se hallaban además socias y socios de Fundejus; del Poder
Ejecutivo Municipal, abogados/as, psicólogas/os , trabajadoras sociales
integrantes del Centro de Asistencia a la Víctima del Ministerio Público Fiscal y trabajadoras
sociales del servicio zonal de Zárate- Campana.
En primer lugar, expuso el Lic. Oscar Vázquez,
sobre “Ciudadanía y Género” y a continuación lo hizo la Dra. Gloria Marina
Pasten de Ishihara sobre “ Ley 26485 de Protección integral a las Mujeres y
su decreto reglamentario”.
Con posterioridad se inició el taller con la participación efectiva de
ochenta personas quienes luego de analizar el material de trabajo y debatir
sobre los casos propuestos, expusieron sus conclusiones, las que fueron
receptadas por la Dra.
María Laura
Altamiranda en su carácter de Coordinadora del Taller.
El Cierre de la Jornada
estuvo a cargo del Dr. Humberto Bottini, Presidente del Colegio de Magistrados
del Departamento Judicial Zarate Campana, Provincia de Buenos Aires.
CONCLUSIONES:
Ø
Los casos jurisprudenciales fueron los
disparadores de las reflexiones del taller como en las anteriores provincias
pero a diferencia de dichas experiencias lxs concurrentes optaron por comentar
las situaciones que les ha tocado vivenciar en las dependencias en las que se
desempeñan.
Ø
Lxs integrantes de los grupos seleccionaron
libremente un caso jurisprudencial de
los que les fueron aportados y lo debatieron internamente para luego compartir
las interesantes conclusiones a las que arribaron.
Ø
Enfatizaron en la necesidad de la implementación
urgente de políticas de Estado para prevenir situaciones de violencia y de esta
manera, no se recurrirá a la utilización del servicio de seguridad y de
justicia como primer nivel de ayuda de quien sufre violencia.
Ø
En la misma línea de pensamiento, mencionaron la
importancia, previo a la denuncia, de la
actuación de psicólogas/os, psiquiatras, trabajadoras/res sociales que asistan
a quienes se encuentran dentro del “circulo de violencia”. De esta manera se
trabajaría el conflicto sin judicializarlo y lo que es más importante, sin que
en algunos casos se cometan delitos tales como lesiones, tentativas y
consumaciones de homicidios.
Ø
Destacaron como experiencia reiterada que es muy
común que las víctimas, luego de denunciar, vuelvan a la dependencia judicial
para solicitar que se deje sin efecto las medidas dispuestas
jurisdiccionalmente y que no logran entender por qué el proceso continúa. Así
también mencionan que al tiempo, las victimas regresan manifestando un hecho
similar al que inicialmente denunciaran. Entienden que el apoyo profesional
evitaría estas circunstancias.
Ø
Argumentaron que la violencia no distingue clase
social pero quienes tienen recursos pueden acceder a la consulta privada de
psicóloga/os y psiquiatras. Proponen que la actuación de los profesionales en
salud debe ser gratuita y el Estado
garantizar la continuidad de tratamiento, dado que los grupos vulnerables de
bajo recursos económicos que recurren a centros hospitalarios públicos refieren
haber abandonado tratamientos frente a la discontinuidad del mismo
(discontinuidad de días y horarios, de profesionales, de lugar de atención).
Ø
Resaltaron la cantidad de casos en los que se
evidencia la existencia de violencia recíproca entre los integrantes de la
relación de pareja y que el servicio de justicia toma nota de ello a partir de
que uno de los componentes de la relación resulta victimizado. Resumieron tal
situación en la frase “los unió la violencia”.
Ø
Coincidieron en la “gran ayuda” que significa a
nivel de prevención de violencia la actividad que cumplen los equipos
orientadores de las escuelas donde se ha desarrollado mapas de conflictos.
Ø
Por otra parte, advirtieron que las decisiones judiciales son cumplidas por
las fuerzas policiales (medidas cautelares: cercos, custodia, etc) y que más
allá de que la normativa sea excelente y la decisión tenga igual carácter,
nunca resultará eficaz si no se prepara y capacita a las/los funcionarias/os
policiales para ejecutar tal tarea. Destacan que el trabajo es conjunto, entre
el Poder Judicial y la Policía
y que debe capacitarse a sus integrantes para que no existan dudas y que conozcan los
derechos y deberes de víctima y victimario.
Ø
Mencionaron la importancia de que una vez
formalizada la denuncia, quien se encargue de la investigación judicial realice
una completa recolección de elementos de prueba y que no se quede inmóvil luego
de lograr una medida cautelar –la prisión preventiva, por ejemplo-, sino que
continúe en la búsqueda de material probatorio para arrimar elementos que
utilice el/la Fiscal en la instancia del
juicio oral. Sostienen que la ineficacia judicial significa repotenciar la
violencia denunciada.
Ø
Destacan la importancia de que las/los operadoras/res
judiciales aborden los temas de género con seriedad y que no minimicen los
conflictos. Una denuncia de amenaza debe ser tomada con sumo cuidado y detalle
adoptando rápidamente medidas adecuadas, integrales y que lleguen al fondo de
la cuestión para con el agresor, porque grafican “la violencia no es como el
hipo, no se va con el susto”.
Ø
En su totalidad, quienes participaron, coincidieron en la importancia de fortalecer a
la víctima de violencia y que para ello es necesario contar con mayores
recursos. Entre ellos la mencionada asistencia en salud, refugios estatales y
recursos económicos para -por ejemplo-,
contar con dinero para algo tan simple como solventar el costo de un cambio de
cerradura cuando se dispone una medida cautelar de exclusión del hogar y la
víctima carece de medios económicos y no se siente segura porque el agresor
posee llave de ingreso al domicilio.
Ø
La provincia no adhirió a la parte procedimental
de la ley 26.485, en consecuencia frente a las soluciones alternativas del
conflicto como la mediación y la conciliación mencionaron, que en líneas
generales, la Fiscalía
no presta consentimiento para que se formalicen estos institutos procesales.
Ø
También en este contexto, se analizaron las
convenciones internacionales con rango constitucional, la Convención de Belem Do
Pará, la ley 24.417, la ley que convocó al encuentro y sobre la necesidad de la
aplicación armoniosa de la totalidad de la normativa vigente y la importancia
de su cita en los escritos judiciales, lo que rara vez se realiza.
Ø
Concluyeron en que la imagen social de la mujer
tiene significados mucho más positivos en el contexto sociocultural actual, en
el que ocupa lugares destacados en la vida laboral, social y política.
Entienden que se ha logrado visibilizar a la violencia de género como nunca se
lo había hecho, por lo que se debe hacer hincapié en que el servicio de
justicia no es la única herramienta frente a la violencia. Antes de la intervención del servicio policial y de
justicia es muy importante la labor que desarrollan tanto las escuelas –desde
el jardín de infantes al secundario- que advierten en los comportamientos
evidencias de violencia en el seno familiar, como las/los médicas/os y enfermeras/ros que observan las huellas del
maltrato. Es entonces donde la educación en materia de género a nivel familiar
y a nivel sociedad adquiere realmente valor, puesto que la orientación a tiempo
y el trabajo en red resulta indispensable para enfrentar la lucha contra la
violencia.
TALLER n° 6 – SANTIAGO DEL ESTERO, PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO
Esta actividad se caracterizó
por consistir en una Jornada - Taller Preparatoria del XIX Encuentro Nacional “Violencia
de Género y Femicidio” organizado por AMJA y se llevó a cabo en la misma provincia, los días
29,30, y 31 de agosto del corriente año.
La Jornada
tuvo lugar el 22 de junio de 2012, fue convocado por AMJA y por el Superior Tribunal
de Justicia de Santiago del Estero y se desarrolló en el Centro único de
Capacitación Judicial “Dr. José Benjamín Gorostiaga”.
El acto de apertura estuvo a cargo del señor Ministro del
Superior Tribunal de Justicia de
Santiago del Estero Dr. Agustín Pedro Rímini Olmedo y de la Sra. Presidenta de
AMJA, Dra. Susana Medina de Rizzo.
Luego de la proyección del video
institucional de AMJA, disertó la Dra. Gloria Marina Pasten de Ishihara. El taller
fue desarrollado por la Dra.
María Laura Altamiranda quien recopiló las conclusiones a las
que arribaron lxs asistentes.
Las palabras finales estuvieron
a cargo de la Sra. Representante de AMJA
en esa Provincia, Dra. Graciela de Valle
Neirot de Jarma quien además hizo entrega de los certificados.
CONCLUSIONES
Ø
A partir de la disertación sobre la ley que
convocó al encuentro y de los casos jurisprudenciales proporcionados al inicio
de la jornada, surgió una gran cantidad de reflexiones y comentarios por parte
de los participantes del taller. Cabe destacar que hasta ahora es la única
Provincia que, si bien adhirió a las normas adjetivas que contiene la Ley 26485, cuenta con una ley
especial de procedimiento n° 7032/11.
Ø
Compartieron la importante labor que desarrolla la Oficina de Violencia Doméstica
que funciona las veinticuatro horas del día durante todo el año en el ámbito
del Poder Judicial de esta provincia.
Ø
Destacaron que el Legajo que realiza la Oficina de Violencia
Doméstica agiliza notoriamente el trámite del expediente judicial y que se ha
dejado de “construir un expediente con cantidad de papeles” puesto que con los
completos informes elaborados por dicha dependencia se ha logrado en muchas
ocasiones una pronta respuesta por parte del órgano judicial a nivel de medida cautelar.
Ø
Resaltaron que en muchos casos se ha obtenido respuesta
en muy pocas horas. Esto obedece a que
el órgano judicial que debe tomar decisiones
cuenta desde el inicio con un Legajo completo formado en la OVD.
Ø
Esta rapidez en la respuesta significa un gran
avance vinculado al tratamiento de la
víctima, puesto que la misma obtiene una pronta respuesta al conflicto que –en
la mayoría de los casos- padece desde hace tiempo y se ha animado a denunciar.
Ø
Mencionan que la existencia de un numeral 0800 ha sido de gran ayuda
para informar, prevenir y en algunos casos evitar casos de violencia de género.
De igual modo, la existencia de Comisarías dedicadas a la temática de género o
con oficinas dentro de la dependencia policial que se ocupan específicamente de
la cuestión, resulta un significativo avance en el tratamiento de la violencia
hacia la mujer al tiempo de ejecutar las órdenes emanadas de los organismos
judiciales.
Ø
Por otro lado, mencionan la necesidad de contar
con mayor cantidad de albergues para las víctimas de violencia que deciden
abandonar el domicilio y no tienen donde instalarse, situación que se agrava
cuando existen hijos menores de edad. Las instalaciones proporcionadas por el
Municipio son escasas –pocas camas disponibles- dado que se comparten con la
oficina de Derechos Humanos, por lo que se debe recurrir a la familia de quien
denuncia para que le brinden cobijo.
Ø
Al igual que las otras provincias, coinciden en
la necesidad de contar con mayores recursos presupuestarios para afrontar la
construcción de casas de refugio para las mujeres víctimas de violencia.
Ø
Adviertieron la necesidad de adoptar medidas
para con el agresor puesto que se preguntan ¿A dónde va el violento cuando se
dispone una medida cautelar de exclusión del hogar? Entienden que es un factor
a tener en cuenta puesto que puede hacer estallar el conflicto desde otros
lugares, por ejemplo, daños a la propiedad que ha debido abandonar, por decir
lo menos.
Ø
Y también, ante la disposición de una medida de
exclusión del hogar por ejemplo de 90 días ¿Qué pasa el día 91? Concluyen en la necesidad de encontrar
soluciones para brindar un tratamiento psicológico al agresor y que ese tiempo
de exclusión resulte útil para solucionar el conflicto, que exista un
seguimiento para que al llegar el día 91, se pueda adoptar una medida que no
sea sólo la prórroga, puesto que estas decisiones son momentáneas y no logran
abordar el conflicto a fin de solucionarlo.
Ø
Resaltaron que resulta de suma necesidad el
acompañamiento y el abordaje conjunto por parte de psicólogos, psiquiatras y
trabajadores sociales para que quienes componen la relación violenta puedan
encausar sus vidas en común o encarar la vida por separado.
Ø
Se analizaron las convenciones internacionales
con rango constitucional, la
Convención de Belem Do Pará, la ley 24.417, la ley que
convocó al encuentro y la ley provincial. Los concurrentes evidenciaron tener
en claro al concluir la jornada la
normativa y que en la
Convención de Belem Do Pará encuentran los principios de
acción en el tema que nos convoca. Pero manifestaron que si bien la capacitación es muy
necesaria sino se logra trabajar en la
temática de manera conjunta entre todas/os las/os operadores –policiales, judiciales- y
sobretodo la comunidad, nada cambiará.
Ø
La experiencia compartida por las/los
Instructores Judiciales presentes reflejó
que formalizada la denuncia y luego de mucho trabajo por parte del órgano
judicial, un gran número de causas deben ser archivadas dado que las
denunciantes al ser citadas para ratificar y ampliar los términos de su
denuncia mencionan que tal situación no existió
y más allá de realizar tareas probatorias, puesto que es notoria que la
misma se encuentra dentro del denominado circulo de violencia, el material
probatorio resulta escaso para continuar con el ejercicio de la acción penal
porque mayormente no existen testigos ni presenciales ni de otro carácter que
aporten datos acerca de la violencia existente en la pareja.
Ø
Mencionaron que muchas víctimas se han retirado sabiendo
que se les iniciará un proceso por falsa denuncia, lo que parece no
importarles. Comentaron entonces la sensación de impotencia frente a la
problemática porque consecuentemente, la experiencia les indica que esta
persona luego volverá y quizás, víctima de un agresor que ha escalado en la
gravedad del conflicto con la ley penal.
Ø
Concluyeron en que la sociedad toda debe
comprometerse y actuar frente a los casos de violencia que conocen, acercarse a
la víctima, ayudarla, sugerirle que busque apoyo tanto psicológico como
policial/judicial y no quedarse expectantes y esperando que sea otro el que
intervenga. La violencia es una cuestión en la que todxs debemos comprometernos,
no es válido el esfuerzo aislado para combatirla seriamente.
OTRAS ACTIVIDADES
SEMINARIO INTERNACIONAL “DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES Y LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS NIÑOS RECIEN NACIDOS”.
Este Seminario fue celebrado los días 20 y 21 de Septiembre de
2011 en la ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy. Fue organizado
por la Defensoría
del Pueblo de la Provincia
de Jujuy y la Oficina
de la Mujer del
Poder Judicial de la misma Provincia. La Dra. María Laura Altamiranda fue invitada
especialmente a participar y disertó acerca de aspectos relacionados con
estereotipos de género, los diversos modos de violencia en la ley 26.485, en
especial la violencia mediática reflejada en la publicidad y por último, el
tratamiento de la víctima por parte de los operadores judiciales.
“3ra. Capacitación sobre “ASPECTOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS DEL ACOSO SEXUAL. LAS RESPUESTAS DE LA JUSTICIA”
La actividad fue
organizada en el marco de las Resoluciones Ministeriales Nros.1160/08 y
1238/09 que consolidó en el ámbito de la Defensa la Creación de las
Oficinas de Género para el Personal de las Fuerzas Armadas. Tuvo lugar el día
16 de noviembre de 2011 en el Edificio Libertad. La Jornada fue presidida por
el Dr. Director General del Personal y Bienestar de la Armada, Vicealmirante
VGM Dn. Alvaro José Martínez. Asimismo, se hicieron presentes autoridades del
Ministerio de Defensa, la Directora Nacional de Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario, Sra.Stella Segado y la Directora de Políticas de
Género, Dra. Malena Derdoy. También participó el Auditor General de las Fuerzas
Armadas, General de Justicia Dn. Omar Lozano. Se contó con una numerosa
asistencia de participantes de las distintas Fuerzas Armadas.
Las encargadas de la
exposición quedó a cargo de las Dras. Gabriela A.Vázquez y Gloria M. Pasten de
Ishihara, ambas Juezas de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del
Trabajo e integrantes de la Comisión Directiva de AMJA
acompañadas por la Secretaria, Dra.Leila Giani.
La jornada fue dividida en
tres partes. En la primera etapa, disertó la Dra. Vázquez. Realizó la
introducción teórica del acoso sexual, su definición, tipos, modos de
manifestarse con especial referencia a las situaciones de vulnerabilidad,
particularmente en el caso de las mujeres que integran las Fuerzas Armadas.
Luego hizo referencia a la problemática en el marco de una perspectiva de
género, la naturalización y tolerancia de su existencia en el seno de una
sociedad patriarcal.
En la segunda parte,
disertó la Dra. Pasten de Ishihara mediante el análisis de los
Derechos Humanos de las Mujeres y las herramientas normativas para su
protección: La Convención para la Eliminación de todas las
formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw); la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer (Convención de Belém do Pará) y la Ley 26485, de
Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contras
las mujeres en los ámbitos que desarrollen su relaciones interpersonales. La última
etapa estuvo dedicada a la perspectiva de género en las prácticas y decisiones
judiciales, a cargo de la Dra. Pasten de Ishihara y por su
parte la Dra. Vázquez se expidió acerca de las responsabilidades
derivadas del acoso sexual en el trabajo. Por último, se generó un espacio de
reflexión y trabajo grupal con la participación de quienes asistieron a la
jornada y la especial colaboración de la Dra.Leila Giani.
XIV CONGRESO INTERNACIONAL DE POLITICA SOCIAL, LABORAL Y PREVISIONAL: “PROTECCION CON INCLUSIÓN”
La actividad académica se llevó
a cabo los días 29,30 y 31 de marzo de 2012 y fue organizada por la Fundación de Altos
Estudios Sociales (F.A.E.S.). Contó con el auspicio de la Corte de Justicia de Salta,
del Gobierno de la Ciudad
de Salta, del Honorable Senado de Salta, del
Consejo de la
Magistratura de la
Ciudad de Buenos Aires; del Ministerio de Trabajo de
Salta, del Honorable Senado de la Nación, de la Universidad Católica
de Salta, entre otras instituciones y organizaciones.
En esta oportunidad, la Dra. Gloria M. Pasten
de Ishihara además de haber sido invitada como expositora, participó en su
carácter de Vicepresidenta de AMJA y su exposición
versó sobre la teoría de la carga dinámica de la prueba en los supuestos de
despido discriminatorio y los fundamentos expuestos por la Corte Suprema de
Justicia de la Nación
en el caso “Pellicori, Liliana Silvia c/ Colegio de Abogados de Capital Federal”
(CSJN A.1023 XLIII). Subrayó su relación con el art.6° de la Ley 26485 que contempla como una de las modalidades de violencia, la
violencia laboral y particularmente la importancia del último párrafo que
introdujo el Decreto reglamentario al art.6° inc. c) que se refiere
específicamente a la carga en materia de prueba, destacando asimismo los principios
de amplitud probatoria y la importancia de los indicios.
“2das. JORNADAS NACIONALES DE ABOGADAS: DISCRIMINACIÓN Y GÉNERO”
Fueron celebradas en el Salón Auditorium
“Dr. Rafael Hugo Reyes” del Colegio de Abogados de la Ciudad de San Salvador de
Jujuy, Provincia de Jujuy los días 12 y 13 de abril de 2012 y promovidas por la Comisión de Derechos de la Mujer de la Federación Argentina
de Colegios de Abogados (F.A.C.A.) y co organizadas por el Colegio de Abogados
y Procuradores de Jujuy; el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, el Colegio
de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Jujuy, la Escuela de Capacitación
del Poder Judicial y la
Universidad Nacional de Jujuy.
En esta oportunidad la
Dra. Gloria Marina Pasten de Ishihara fue invitada a disertar
por la Sra. Ministra del Superior Tribunal de Jujuy, Dra. Clara
Langhe de Falcone, socia y representante de AMJA en la Provincia de Jujuy. La
exposición versó sobre el acceso a la justicia como aspecto fundante de la ley
26485. Allí se expresó que acceder a la justicia no es sólo llegar a los
tribunales de justicia, que es mucho más que la intervención de un juez o
jueza, pues su inicio comienza con el conocimiento de los derechos y con la
posibilidad efectiva de ejercerlos. De allí que –resaltó- que la Ley 26485 además de las definiciones de discriminación, violencia,
relaciones de poder, revictimización, tipos y modalidades de violencia,
promueve y garantiza el acceso a la justicia de las mujeres que padecen
violencia, obliga a ofrecer a las mujeres todos los recursos necesarios en
todas las esferas del Estado Nacional ya sean de orden administrativo o
judicial o de otra índole para garantizar el efectivo ejercicio de sus derechos,
tales como el servicio de asistencia jurídica gratuita, las garantías del
debido proceso, la adopción de medidas positivas para asegurar la exención de
los costos del proceso y el acceso efectivo al recurso judicial.
“I JORNADA REGIÓN PATAGONICA AMJA VIOLENCIA, GÉNERO Y ADOPCIÓN”
Esta Jornada se llevó a cabo el 3 de agosto de 2012 en USHUAIA, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur, organizadas por AMJA, el Poder Judicial de la Provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur y la Escuela Judicial
del Poder Judicial de Tierra del Fuego.
En esta
oportunidad, entre otras exponentes, las
Dras. Maria Laura Altamiranda y Gabriela Alejandra Vázquez participaron en el segundo panel y disertaron
sobre “La Ley de Protección Integral a la Mujer n° 26485.
Curso sobre “MUJER Y TRABAJO: Las cuestiones de Género y la Discriminación Laboral
Este curso, de contenido teórico
y práctico, se realizó en el marco del
Programa de Capacitación y Actualización Jurídica de AMJA, conjuntamente con la
Escuela de Capacitación Judicial de la Asociación de Magistrados y Funcionarios
de la Justicia Nacional (AMFJN). La apertura estuvo a cargo de la Dra. Gabriela
A. Vázquez en su carácter de integrante de la Comisión Directiva de AMJA y fue
dictado por las Dras. Gloria M. Pasten, Viviana M. Dobarro, Cecilia M. Murray y
Mónica M.I. Pinotti durante los días 3,10 y 17 de septiembre y culminó el 1 de
octubre de 2012. Fue destinado a los integrantes de la Justicia Nacional del
Trabajo y sus objetivos fueron brindar herramientas jurídicas y prácticas para
que las/los operadoras/res en el ámbito del Derecho del Trabajo adquieran los
conceptos necesarios y se identifique, comprendan y apliquen los derechos
fundamentales y las instituciones del Derecho del trabajo a nivel nacional e
internacional, relacionados específicamente con la mujer en el ámbito de las
relaciones laborales.
ALGUNAS CONCLUSIONES FINALES
Las conclusiones a las que
arribaron quienes participaron de los Talleres nos permiten resaltar algunos
pensamientos comunes fundados no sólo en la formación jurídica sino en la
experiencia que les da el trabajo diario
en distintas dependencias aún cuando tales coincidencias surgieron de integrantes del Poder Judicial de diferentes
provincias del interior del país con connotaciones particulares y diferenciadas
entre ellas en cuanto a su organización y sistema de gestión. También cabe
consignar que esta comunidad de opiniones pertenece a una cantidad reducida de
lugares visitados por las razones explicitadas al comienzo de este informe. Aún así, consideramos que puede resultar un
aporte útil a la lucha contra el flagelo
de la violencia y a la necesidad de que la Ley 26485 se torne verdaderamente
operativa.
En tal sentido, los temas
recurrentes han sido la capacitación, la prevención, la intervención de equipos
interdisciplinarios, el trabajo en red, la necesidad del conocimiento profundo
y acabado de las medidas preventivas, el diseño de los formularios de denuncia
y los legajos de la OVD, la ayuda que significa la existencia de las Comisarías
de la Mujer, el sistema de “Asistencia a la Víctima” y las carencias
presupuestarias.
Señalaron la importancia de la capacitación
permanente y de la docencia no sólo en las dependencias donde cada una de lxs asistentes se desempeñan sino también en de la
capacitación de las primeras líneas de atención al público a nivel policial,
sanitario y judicial.
Resaltaron la necesidad de que,
previo a la denuncia, actúen equipos interdisciplinarios (psicólogas/os,
psiquiatras, trabajadoras/res sociales) para asistir a quienes se encuentran
dentro del “circulo de violencia”, destacando la importancia que significa la
actividad que cumplen los equipos orientadores de las escuelas donde se ha
desarrollado mapas de conflictos.
Como consecuencia de lo anterior, mostraron que tienen claro que la mujer
trae un conflicto con el cual convive desde hace mucho tiempo y se anima a
romper el silencio, no debe ser defraudada, debe ser escuchada y brindarle
soluciones integrales.
Para ello consideraron de suma relevancia trabajar en red y crear conciencia que el servicio de justicia
no es la única herramienta frente a la violencia; que la
educación en materia de género a nivel familiar y a nivel sociedad adquiere
realmente valor, puesto que la orientación a tiempo y el trabajo de la manera
indicada, resulta indispensable para enfrentar la lucha contra la
violencia.
Otro aspecto, reiterado en los
talleres, se relaciona con las cuestiones atinentes a las medidas preventivas donde lxs asistentes se refirieron
indistintamente a medidas cautelares, autosatisfactivas y procesos urgentes,
ponderando las existentes en la Ley 26485 y las normas complementarias y la
necesidad de que lxs operadores jurídicos conozcan acabadamente todas las
medidas que tienen a su alcance.
También existió coincidencia en la
necesidad de diseñar formularios de denuncia que abarquen toda la información
necesaria no sólo para la investigación penal, sino para brindar ayuda social y psicológica a la
persona víctima de violencia por parte de equipos interdisciplinarios para
luego compilarla y transferirla al Registro Nacional..
Destacaron que el Legajo que realiza la Oficina de Violencia
Doméstica agiliza notoriamente el trámite del expediente judicial, puesto que con los completos informes
elaborados por dicha dependencia se ha logrado en muchas ocasiones una pronta
respuesta por parte del órgano judicial
a nivel de medida cautelar. De igual modo, la existencia de Comisarías
dedicadas a la temática de género o con oficinas dentro de la dependencia
policial que se ocupan específicamente de la cuestión, resulta un significativo
avance en el tratamiento de la violencia hacia la mujer al tiempo de ejecutar
las órdenes emanadas de los organismos judiciales.
Existe consenso acerca de la gran ayuda que significa el numeral 0800,
sin embargo, se ha señalado la
necesidad buscar alternativas ante las
carencias presupuestarias y
perfeccionar el sistema “Asistencia a la Víctima”.
Vinculado con lo anterior, un
tema que ha generado mayor coincidencia
ha sido a la falta de recursos económicos y se ha insistido en la necesidad de contar con mayor
presupuesto para la construcción de más albergues
para las víctimas de violencia y para
los menores de edad.